Aquí y Allá….. Noticias del Estado de México

Por Javier Quiroz

Toluca, Estado de México, 12 de enero del 2025.- Un total de 505 inmuebles de entretenimiento nocturno y venta de bebidas alcohólicas ubicados en 47 municipios han sido cerrados luego de que las fuerzas del orden estatal y federal realizaron el operativo denominado «Atarraya».

El más reciente despliegue fue el pasados 10 y 11 de enero, ya que policías estatales, federales y del Ejército mexicano llevaron a cabo acciones operativas simultáneas.

En los referidos operativos intervino personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en conjunto con el Gabinete de Seguridad Federal integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además del Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), así como una activa intervención del Poder Judicial estatal.

De acuerdo al reporte oficial el despliegue denominado “Segunda Fase de la Operación Atarraya”, se logró asegurar a 288 establecimientos tipo bares y “chelerías”, 29 de ellos a través de la ejecución de técnicas de investigación de cateo y el resto como resultado de inspecciones.

De acuerdo al comunicado de prensa número 1371/2024, emitido el 15 de diciembre, la “Operación Atarraya” tiene por objeto intervenir establecimientos ubicados en el Estado de México utilizados por grupos delictivos para el fomento, consumo o trasiego de sustancias ilícitas, así como para actividades relacionadas con la comisión de otros hechos delictivos como trata de personas o extorsión e incluso operar como fuentes de financiamiento para entramados criminales.

Para ello, personal de la Fiscalía Edoméx realiza actos de investigación previos que permiten obtener información de conductas probablemente constitutivas de delito y con ello solicitar y obtener de órdenes de cateo para la identificación de la comisión de delitos flagrantes, además de contar con la participación de otras autoridades que realizan inspecciones a dichos establecimientos a fin de verificar su adecuado y correcto funcionamiento.

En la segunda fase de este despliegue simultáneo, elementos de fuerzas estatales y federales realizaron diversas acciones en 47 municipios del Edoméx, los cuales fueron: Amanalco, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Donato Guerra, Ecatepec, Huehuetoca, Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Jocotitlán, La Paz y Melchor Ocampo.

También se constituyeron en los municipios de Mexicaltzingo, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Felipe del Progreso, San Martín de las Pirámides, San Mateo Atenco, Tecámac, Tenancingo, Tenango del Valle, Teoloyucan, Tepotzotlán, Texcoco, Tezoyuca, Tianguistenco, Tlalnepantla, Toluca, Tonatico, Tultitlán, Valle de Bravo, Valle de Chalco, Villa Guerrero, Xonacatlán, Zinacantepec y Zumpango.

Cabe señalar, que durante la primera fase de la «Operación Atarraya», fueron intervenidos y asegurados 217 bares y «chelerías» ubicados en 27 municipios.

Al igual que en la primera etapa, los 288 a los que les fueron colocados sellos en esta segunda incursión, permanecerán cerrados en tanto se realizan las diligencias correspondientes y la autoridad competente defina su situación jurídica, por lo que, elementos de la Fiscalía con apoyo de otras instituciones realizan recorridos de supervisión y en caso de identificar el quebrantamiento de sellos, iniciar las investigaciones adicionales por éste ilícito.

Asimismo, durante el despliegue fueron aseguradas diversas dosis de narcóticos, así como armas de fuego y otros indicios, en tanto que 10 individuos fueron detenidos y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

La “Operación Atarraya” forma parte de la estrategia integral de seguridad impulsada desde el Gobierno Federal y el del Estado de México para combatir los de alto impacto cometidos en la entidad por grupos criminales generadores de violencia, así como para investigar e identificar a servidores públicos involucrados en posibles actividades delictivas.