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La diputada Ruth Salinas propone reformas al Código Penal del Estado de México para ampliar agravantes en el delito de despojo, sobre todo si se trata de servidores públicos involucrados en la autoría o participación del delito.

Toluca, Estado de México, 23 de Abril .- La diputada Ruth Salinas, a nombre de la Bancada Naranja propuso reformas al Código Penal del Estado de México para ampliar las agravantes del delito de despojo, sobre todo si se trata de servidores públicos involucrados en la autoría o participación del delito para que se impongan hasta veinticinco años de prisión.

La propuesta también considera que cuando se trate de la ocupación de inmuebles privados destinados a la vivienda o a la explotación agrícola que afecte a adultos mayores, mujeres, indígenas y/o personas en situación de vulnerabilidad, se impondrán de quince a veinticinco años de prisión.

Asimismo, la reforma considera que en todo momento, el proceso judicial se lleve a cabo con perspectiva de género e interseccional, procurando las medidas de protección más amplias, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad. La diputada recordó los casos de la Señora Carlota en Chalco, Doña Guadalupe en Naucalpan y la pareja octogenaria de Don Arturo y Doña Lulú, adultos mayores que fueron víctimas de despojo.

En estos casos el común denominador fue la complicidad de las autoridades que actuaron en colaboración con los delincuentes para invadir sus propiedades.

La diputada aseguró que el despojo es uno de los delitos que más han crecido en los últimos años en el estado de México, lo cual ha provocado que la entidad sea reconocida como la “capital nacional del despojo” ya que de enero de 2024 a marzo de 2025 se han presentado en la entidad 6 mil 228 denuncias por este delito, lo que significa que 1 de cada 6 despojos en el país sucede en el Estado de México.

La legisladora naranja afirmó que si este delito ha aumentado no sólo es por la omisión o la complacencia de las autoridades, sino por la complicidad de muchos servidores públicos bien organizados con los grupos criminales y delincuentes que llevan a cabo este delito.

“Desde policías municipales, personal de la fiscalía, notarios y otros funcionarios que filtran la información de los registros del catastro para que los criminales puedan invadir los inmuebles o terrenos.” comentó la diputada.

Esto ha provocado que crezca sin freno una mafia, gracias a una cadena de corrupción, por lo que son necesarias propuestas legislativas como la de la Bancada Naranja, que acompañen y refuercen la estrategia de seguridad estatal que frene y castigue a los delincuentes que se aprovechan de su posición, como en el caso de los servidores públicos, para despojar de su patrimonio a los más vulnerables.