Cuando el poder traiciona: sentencias de hasta 70 años marcan un quiebre contra la corrupción en el EdoMéx

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Toluca, Estado de México a 10 de Febrero 2026.– En un Estado donde la confianza ciudadana ha sido históricamente vulnerada por la corrupción y la impunidad, la justicia comienza a trazar una línea clara: el poder público no es refugio para el crimen.

La “Operación Enjambre”, impulsada por el Gobierno del Estado de México, se ha convertido en un ejercicio de depuración institucional que confronta directamente a quienes utilizaron el cargo para traicionar a la sociedad.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), a la fecha se han logrado 19 sentencias condenatorias contra 18 personas identificadas como objetivos prioritarios, con penas que alcanzan hasta 70 años de prisión. Más allá de las cifras, los fallos judiciales representan un mensaje inequívoco: la ley también alcanza a quienes alguna vez ostentaron autoridad.

El trabajo coordinado entre instituciones de seguridad federales y estatales permitió reunir pruebas determinantes que derivaron en sentencias contra exfuncionarios de Seguridad Pública de municipios como Santo Tomás, Naucalpan, Nicolás Romero, Tlatlaya, Coatepec Harinas y Acambay, territorios donde la infiltración criminal había erosionado el tejido institucional.

Uno de los casos más emblemáticos es el de la expresidenta municipal de Amanalco, María Elena Martínez Robles, sentenciada a 70 años de prisión por el delito de homicidio calificado, símbolo de hasta dónde puede llegar la degradación del poder cuando se rompe el pacto con la ciudadanía.

Desde el inicio de estas acciones, el 22 de noviembre de 2024, han sido detenidas 60 personas en municipios como Aculco, Atlacomulco, Ecatepec, Naucalpan, Chicoloapan, Ixtapaluca, Texcaltitlán, Tejupilco y Tlatlaya, entre otros. Cada detención es el resultado de investigaciones de inteligencia que buscan desmontar redes de complicidad enquistadas en estructuras públicas.

A través de la planeación estratégica revisada en las Mesas de Paz, el Gobierno encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez mantiene una postura firme: dar seguimiento a denuncias, ejecutar órdenes de aprehensión y llevar hasta sentencia a servidores y exservidores públicos coludidos con organizaciones criminales.

Los avances de la “Operación Enjambre” son producto del trabajo conjunto de la FGJEM, con el respaldo de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa, Marina, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y otras instancias.

Un esfuerzo interinstitucional que busca algo más profundo que castigos ejemplares: reconstruir la legitimidad del Estado frente a la sociedad.


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