Toluca, Estado de México, 11 de febrero de 2026.– En un llamado a dejar de normalizar el abuso disfrazado de consentimiento, la diputada Zaira Cedillo Silva (morena) propuso una reforma profunda al delito de estupro, con el objetivo de reconocer que la aparente voluntad de una persona adolescente puede estar viciada por relaciones de poder, manipulación emocional o autoridad, y que dichas conductas deben ser castigadas con mayor severidad.
Desde tribuna, la legisladora subrayó que no toda relación que aparenta consentimiento es libre, particularmente cuando se trata de personas mayores de 15 y menores de 18 años que se encuentran en una posición de vulnerabilidad frente a adultos que ejercen influencia, dominio o control. Bajo esta lógica, la iniciativa plantea ampliar los supuestos del delito y elevar las penas hasta 20 años de prisión cuando exista abuso de autoridad, poder, confianza, dependencia o influencia emocional, equiparando estos casos a violación.
“No podemos seguir llamando seducción a lo que es aprovechamiento, ni consentimiento a lo que nace de la manipulación o de una relación profundamente desigual”, sostuvo Cedillo Silva, al señalar que más del 47 por ciento de las víctimas de delitos sexuales en la entidad tienen entre 12 y 17 años.
La propuesta también establece penas de 10 a 16 años de prisión cuando, aun sin violencia física, exista engaño, manipulación o dominio emocional que afecte gravemente la libertad sexual de la víctima. Este ajuste busca cerrar vacíos legales que hoy minimizan el daño cuando no hay fuerza física, pero sí un claro abuso de poder.
Además, se incorpora como agravante la seducción manipulativa ejercida sobre adolescentes, especialmente cuando medien diferencias significativas de edad, jerarquías, relaciones de autoridad o contextos de vulnerabilidad.
Con ello, el delito de estupro dejaría de ser considerado una falta menor —actualmente sancionada con uno a cinco años de prisión— para convertirse en delito grave y perseguirse en todos los casos.
La diputada compartió que tan solo en 2023 se registraron 587 casos de estupro en el Estado de México, y que el 92 por ciento de las víctimas fueron mujeres adolescentes, cifras que, dijo, obligan a replantear la forma en que el marco legal entiende la libertad sexual y la protección de las juventudes.
Finalmente, Cedillo Silva enfatizó que la iniciativa forma parte de un proceso de armonización legislativa que busca colocar la dignidad, la autonomía y los derechos de niñas, niños y adolescentes en el centro de la ley, dejando claro que el abuso, aun cuando se disfrace de consentimiento, debe ser nombrado y sancionado como tal.
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