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Toluca, Estado de México, 11 de febrero de 2026.– Tras tres décadas de indefinición territorial, el Congreso del Estado de México aprobó la resolución del diferendo limítrofe entre Ecatepec y Acolman, un acuerdo encabezado y conducido por el diputado Román Francisco Cortés Lugo (morena), presidente de la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios.

La resolución define con precisión el polígono geográfico denominado “Santa María Chiconautla”, con una extensión de 475 hectáreas, poniendo fin a un conflicto que durante años generó incertidumbre administrativa, rezago en servicios y vulnerabilidad jurídica para más de 35 mil habitantes. En sesión deliberante, Román Francisco Cortés dio lectura al dictamen y destacó que el trabajo realizado por la comisión no se limitó a un análisis técnico, sino que integró una valoración jurídica, social e histórica del territorio. Subrayó que el objetivo central fue garantizar certeza jurídica, gobernabilidad y acceso pleno a servicios esenciales como agua potable, drenaje, seguridad y obras públicas.

“El territorio no puede ser un espacio de duda; debe ser un espacio de derechos”, sostuvo el legislador al enfatizar que esta resolución permitirá que los actos de gobierno y la aplicación de recursos públicos tengan sustento legal claro y preciso.

El dictamen establece que las colonias Prado San Juan (únicamente las calles Girasol, Laurel, Gardenias y Bugambilias), Guerrero, Pirules, así como La Termoeléctrica e instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX), que abarcan 202.18 hectáreas, quedan bajo jurisdicción de Acolman.

Por su parte, las colonias Prado San Juan (excepto las calles mencionadas), Lázaro Cárdenas, La Laguna y Ejido Santa María Chiconautla, además de los juzgados penales, el Penal de Ecatepec y El Tiradero —con una superficie de 272.82 hectáreas— corresponden a Ecatepec.

Román Cortés explicó que para alcanzar esta definición se consideraron criterios como la realidad fáctica en la prestación de servicios, la equidad en la distribución de responsabilidades y la necesidad de brindar certeza jurídica a la población.

El expediente fue respaldado con documentación pública, pruebas testimoniales y periciales, informes del Registro Agrario Nacional, estudios académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana e inspecciones oculares. Asimismo, destacó que la línea limítrofe —de 12 mil 720.15 metros— fue trazada con el acompañamiento técnico del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (Igecem), garantizando una delimitación objetiva y sustentada.

El legislador reconoció también la participación de la diputada Zaira Cedillo Silva y de los diputados Octavio Martínez Vargas y Osvaldo Cortés Contreras, así como el antecedente del procedimiento promovido en 2022 por la entonces diputada Beatriz García Villegas.

Con esta resolución, impulsada desde la Comisión que preside Román Francisco Cortés, el Congreso no sólo redefine un límite territorial: devuelve certidumbre institucional a una comunidad que por años quedó atrapada en la ambigüedad administrativa.