Aquí y Allá….. Noticias del Estado de México

Toluca, Estado de México, 17 de febrero de 2026.— La justicia, cuando es auténtica, no solo aplica la ley: también escucha la historia que hay detrás de cada expediente. En el Salón de Plenos del Palacio de Justicia, la Poder Judicial del Estado de México escribió un nuevo capítulo en esa búsqueda de equilibrio al conceder amnistía a Tomás, integrante de la comunidad otomí, quien recuperó su libertad tras más de una década de haber sido sentenciado. “Sentimos que la justicia por fin alcanzó a nuestros pueblos indígenas”, expresó Carmen, su esposa, con la voz entrecortada. Sus palabras no fueron solo un agradecimiento personal; resonaron como eco de generaciones que durante años enfrentaron silencios, barreras lingüísticas y desventajas estructurales ante los tribunales.

La resolución fue emitida por la Sala de Asuntos Indígenas (SAI), integrada por las magistradas Erika Castillo Vega —quien la preside—, Verónica Carrillo Carrillo y María Rosalba Briseño Alvarado, así como los magistrados Arturo Márquez González y Lawrence Eliseo Serrano Domínguez. El fallo fue unánime, resultado de un análisis que combinó técnica jurídica y sensibilidad social.

Tomás había sido sentenciado en 2014 por homicidio. Sin embargo, años después se acreditaron irregularidades sustanciales: ausencia de traducción adecuada, asesoría sin perspectiva intercultural y condiciones de pobreza y marginación que limitaron su comprensión plena del proceso. Con base en estos elementos y tras cumplir los requisitos establecidos en la Ley de Amnistía del Estado de México —incluida la reparación del daño y actividades sustitutivas—, la Sala determinó procedente la vía extraordinaria.

En la sesión extraordinaria pública estuvieron presentes representantes de los tres poderes del estado, entre ellos el Magistrado Presidente Héctor Macedo García; la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso; el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez; el titular de la Comisión de Derechos Humanos, Víctor Leopoldo Delgado Pérez; y José Carlos Neira Cruz, en representación del Ejecutivo. Más allá del acto formal, el mensaje fue claro: la ley no puede ser indiferente a la desigualdad histórica.

Para el Magistrado Presidente, el fallo demuestra que la amnistía no debe ser simbólica, sino una herramienta real para corregir desequilibrios. El ombudsperson, por su parte, subrayó que el enfoque intercultural, de género e interseccional no es concesión, sino obligación cuando se habla de debido proceso.

Esta es la tercera amnistía concedida por la SAI a un integrante de un pueblo originario. Cada caso no solo libera a una persona; también interpela al sistema judicial sobre sus propias omisiones. Porque la justicia, en su sentido más profundo, no es venganza ni formalismo: es la capacidad del Estado de reconocer errores, reparar agravios y devolver dignidad.

En ese gesto, la ley deja de ser letra fría y se convierte en puenten; Un puente que acerca al Estado con sus pueblos originarios y que recuerda que la verdadera equidad comienza cuando se mira al otro con comprensión, historia y respeto.