Toluca, Estado de México, 17 de febrero de 2026.– La democracia no es un trámite administrativo ni un gasto prescindible: es una construcción colectiva que exige reglas claras, instituciones fuertes y decisiones responsables. Bajo esta premisa, el diputado Omar Ortega, junto con Javier Rivera, fijó la postura del Partido de la Revolución Democrática Estado de México frente a la inminente iniciativa de reforma electoral a nivel nacional y local.
Desde Toluca, la dirigencia perredista lanzó una advertencia clara: cambiar las reglas del sistema democrático bajo presión política y con el argumento simplista del ahorro presupuestal no fortalece a la democracia, la debilita.
“La democracia cuesta, sí, pero cuesta mucho más no tenerla o erosionarla por decisiones apresuradas”, sostuvo Ortega, al subrayar que hoy no existen las condiciones políticas ni sociales para una reforma electoral de fondo. Sin embargo, ante la intención de imponerla, el PRD decidió asumir su responsabilidad histórica y colocar sobre la mesa propuestas concretas, firmes e irrenunciables.
El planteamiento del partido se estructura en 11 ejes fundamentales, organizados en cuatro grandes reflexiones sobre el poder, la representación y la legalidad. En primer término, el PRD defendió a las instituciones electorales locales, señalando que desaparecer los OPLES no es modernización, sino centralismo disfrazado.
La verdadera evolución democrática —dijo Ortega— no está en borrar instituciones, sino en profesionalizarlas, evaluarlas y hacerlas confiables. La tecnología, como la urna electrónica, puede ser aliada, pero solo si se introduce de manera gradual y plenamente auditable: la rapidez jamás debe sustituir a la certeza.
En el ámbito de la representación política, el mensaje fue igualmente contundente. La democracia pierde sentido cuando las decisiones se toman desde las cúpulas. Por ello, el PRD propuso eliminar las listas cerradas y construir órganos legislativos integrados por quienes realmente caminaron las calles y obtuvieron el respaldo ciudadano.
En ese espíritu, planteó un rediseño del Congreso mexiquense que garantice equilibrio real y frene las sobrerrepresentaciones artificiales, blindando el tope constitucional del 8%.
En materia de financiamiento, el partido sostuvo que la equidad no se logra castigando indiscriminadamente a los partidos, sino cerrando la puerta al dinero privado en campañas y reduciendo su duración. Menos tiempo y reglas claras —argumentó Ortega— significan menos desgaste social y menos espacio para poderes fácticos. La democracia no debe ser rehén ni del derroche ni de la asfixia financiera.
Finalmente, el tema más delicado: la violencia y el crimen organizado. Con una postura firme y sin eufemismos, el PRD propuso filtros estrictos de integridad para candidaturas y la posibilidad excepcional de suspender elecciones en territorios donde la libertad y la vida no estén garantizadas. “No se trata de renunciar a la democracia, sino de salvarla cuando está secuestrada por el miedo”, sentenció Ortega.
La postura perredista no busca avalar un albazo legislativo ni una reforma impuesta desde el poder. Busca, en palabras de su dirigencia, recordar que la democracia no se decreta, no se improvisa y no se regatea: se construye con responsabilidad, pluralidad y respeto a la voluntad popular.



Deja un comentario