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Toluca, Estado de México a 18 de Febrero 2026. – En una época donde la palabra puede incomodar al poder y la verdad suele caminar por terrenos frágiles, el gobierno municipal de Toluca decidió hacer una pausa para escuchar y, sobre todo, para asumir responsabilidad. Este miércoles, el presidente municipal Ricardo Moreno firmó un convenio que busca algo más que un acuerdo administrativo: pretende salvaguardar la esencia misma de la democracia, la libertad de expresión y la vida de quienes la ejercen.

Acompañado por el Secretario del Trabajo del Estado de México, Norberto Morales, y por Luis Miguel Carriedo, titular de la CEMPIDH, el alcalde formalizó un convenio de coordinación interinstitucional para la protección integral de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

«Moreno Bastida habló desde la convicción de que el poder no se legitima con fuerza, sino con límites claros y con respeto«.

El acto no solo selló un documento: marcó un reconocimiento público de que la autoridad también debe aprender de sus errores. Moreno Bastida habló desde la convicción de que el poder no se legitima con fuerza, sino con límites claros y con respeto. Por ello, ofreció una disculpa abierta al gremio periodístico por los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre, aceptando que cuando el Estado falla, lo primero que debe hacer es reconocerlo.

En ese reconocimiento —dijo— comienza la posibilidad de no repetirlo. El protocolo acordado, construido tras mesas de diálogo con periodistas y acompañado por la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, será evaluado técnica y jurídicamente para alinearse con estándares nacionales e internacionales, con perspectiva de género y derechos humanos.

«Ofreció una disculpa abierta al gremio periodístico por los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre, aceptando que cuando el Estado falla, lo primero que debe hacer es reconocerlo.»

A la par, se fortalecerá la capacitación de la policía municipal, entendiendo que quien porta un uniforme también debe portar conciencia. Luis Miguel Carriedo subrayó que un protocolo no es una barrera para la autoridad, sino un recordatorio de que la libertad de expresión no admite obstáculos ni zonas grises. Porque proteger a quienes informan no es un favor: es una obligación ética del Estado.

En un contexto donde la palabra puede ser vulnerable, Toluca intenta convertir la experiencia en aprendizaje y el conflicto en una oportunidad.

Así, este convenio se presenta como algo más que una firma: como un acto de memoria, de responsabilidad y de respeto a la voz pública que da sentido a la vida democrática.