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Toluca, Estado de México a 25 de Febrero de 2026. – En toda democracia viva existe una tensión constante entre la tradición y el cambio. Las reglas que ayer parecían suficientes hoy pueden resultar insuficientes frente a nuevas realidades políticas, tecnológicas y sociales. Bajo esa premisa, el Grupo Parlamentario de Morena ha defendido la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, argumentando que no se trata de moldear las leyes al antojo del poder, sino de actualizarlas conforme a la evolución democrática del país.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, Francisco Vázquez Rodríguez, sostuvo que toda norma es perfectible porque la democracia no es un objeto terminado, sino un proceso en construcción. Desde esta perspectiva, la reforma no clausura el debate, sino que lo abre: propone ajustar mecanismos sin desmantelar la pluralidad.

Uno de los ejes centrales es la reducción del gasto electoral en un 25%. Esta medida no sólo se presenta como un acto de austeridad administrativa, sino como una afirmación ética: el poder público debe ejercerse con sobriedad y responsabilidad. El ajuste alcanzaría a organismos como el Instituto Nacional Electoral, a partidos políticos y a autoridades electorales locales, además de revisar sueldos y bonos conforme al mandato constitucional que establece límites salariales en el servicio público.

En cuanto a la integración del Congreso, la propuesta mantiene el número de diputaciones, pero redefine el modo en que se asignan los espacios de representación proporcional. Aquí subyace una pregunta filosófica esencial: ¿cómo traducir la voluntad ciudadana en escaños sin distorsionar su sentido? La reforma plantea que la representación responda de manera más estricta al número real de votos obtenidos, incluso si ello modifica la lógica tradicional de las listas plurinominales. El voto, así entendido, no es una cifra abstracta, sino la medida concreta de legitimidad.

Otro componente relevante es la regulación del uso de inteligencia artificial y la prohibición de mecanismos digitales artificiales que alteren la conversación pública. En una época donde la tecnología puede amplificar tanto la verdad como la manipulación, el desafío consiste en preservar la autenticidad del debate democrático. La libertad de expresión se defiende mejor cuando se evita que sea suplantada por simulaciones automatizadas.

La iniciativa también propone prohibir la reelección inmediata y el nepotismo, ampliando mecanismos de democracia participativa. Estas medidas reflejan una concepción de la política como servicio temporal y no como patrimonio personal o familiar. En el fondo, la reforma reivindica la idea de que el poder pertenece a la ciudadanía y sólo se delega de manera provisional.

Morena ha insistido en que estos cambios no implican una ruptura con sus aliados, sino una etapa de deliberación natural en cualquier coalición. En política, disentir no es fragmentarse; es, más bien, reconocer la diversidad interna como parte de la vitalidad democrática.

Así, la reforma electoral se presenta no como una ruptura con el pasado, sino como un intento de armonizar principios de austeridad, representación fiel y regulación tecnológica con las exigencias contemporáneas. Si la democracia es un diálogo permanente entre ciudadanía e instituciones, entonces toda reforma es, en esencia, una invitación a repensar cómo queremos ser gobernados y bajo qué reglas decidimos convivir.