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Toluca, Estado de México a 25 de Febrero 2026. – En un contexto donde la vida digital avanza más rápido que las reglas que la ordenan, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevó al Congreso del Estado de México una propuesta que interpela directamente a la relación entre infancia, tecnología y responsabilidad social. La iniciativa plantea regular el acceso de niñas, niños y adolescentes a las redes sociales, no desde la lógica de la censura, sino desde una ética del cuidado.

El proyecto, impulsado por el diputado Mariano Camacho San Martín, propone prohibir la creación de cuentas en redes sociales para menores de 12 años y establecer un esquema de uso condicionado para adolescentes de entre 12 y 14 años, quienes solo podrían acceder con autorización y acompañamiento de padres, madres o tutores. A partir de los 15 años, el planteamiento reconoce una mayor autonomía, aunque bajo un enfoque preventivo y educativo.

«La iniciativa parte de una premisa filosófica: la libertad sin orientación puede convertirse en vulnerabilidad«.

Durante su exposición, el legislador sostuvo que el debate no gira en torno a la tecnología como enemiga, sino a la ausencia de límites claros en etapas donde el desarrollo emocional y cognitivo aún está en formación. En ese sentido, citó datos oficiales que muestran una realidad contundente: la mayoría de las infancias y adolescencias ya habitan el entorno digital de manera cotidiana, muchas veces sin mediación adulta ni herramientas para enfrentar sus riesgos.

La iniciativa parte de una premisa filosófica: la libertad sin orientación puede convertirse en vulnerabilidad. Organismos internacionales, recordó Camacho San Martín, han advertido que la sobreexposición a pantallas puede derivar en trastornos del sueño, ansiedad, depresión y aislamiento social, además de abrir la puerta a amenazas más graves como el ciberacoso, el grooming, los retos virales peligrosos, la venta de drogas o el reclutamiento por parte de grupos delictivos.

Por ello, la propuesta busca elevar a rango constitucional el principio de protección reforzada en el entorno digital, estableciendo un modelo progresivo acorde con las etapas de desarrollo. El esquema contempla tres niveles: restricción total para menores de 12 años; uso supervisado entre los 12 y 14; y mayor libertad responsable a partir de los 15.

Asimismo, se plantea la participación activa de las secretarías de Educación y Salud, mediante comités de seguimiento desde el ámbito escolar, al considerar que el uso inadecuado de redes sociales no solo es un fenómeno tecnológico, sino también un asunto de salud pública.

Lejos de criminalizar a las juventudes o demonizar internet, la iniciativa propone una corresponsabilidad compartida: el Estado como garante, las familias como acompañantes, las escuelas como formadoras y las plataformas digitales como actores obligados a reforzar la verificación de edad y el cumplimiento de las normas.

De avanzar, la reforma sentaría las bases para que el Estado de México cuente con reglas claras en materia de acceso digital infantil, bajo una visión que privilegia la prevención sobre la reacción y el cuidado sobre la omisión. En un mundo hiperconectado, el mensaje es claro: proteger también es educar.