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Toluca de Lerdo, Estado de México, 28 de febrero de 2026.- Hay violencias que no dejan moretones visibles, pero sí heridas profundas. Violencias que no se ejercen de manera directa, sino que utilizan lo más valioso —las hijas y los hijos— como medio para castigar, controlar y someter. A esa forma de agresión, silenciosa y devastadora, se le llama violencia vicaria.

Con esa convicción, la diputada Zaira Cedillo Silva, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXII Legislatura del Estado de México, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, así como el Código Civil y el Código Penal estatales, con un objetivo claro: cerrar los márgenes de impunidad y reconocer jurídicamente una violencia que durante años se ha minimizado como “pleito familiar”.

La propuesta parte de una idea esencial: cuando el agresor convierte a niñas y niños en instrumentos de daño, no solo vulnera a la mujer, también rompe el tejido emocional de la infancia. La separación forzada, la manipulación afectiva, las denuncias estratégicas y el uso perverso de los tribunales no son errores del sistema, sino expresiones de una violencia de género que se disfraza de legalidad.

El documento reconoce además una realidad incómoda: la mayoría de estos casos no se denuncia. De acuerdo con el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, solo 16% de las víctimas acude a las autoridades, lo que sugiere un subregistro alarmante. El silencio no es consentimiento, es miedo, desgaste y desconfianza institucional.

Desde esta mirada, la iniciativa no solo tipifica la violencia vicaria como delito autónomo —con penas de cuatro a ocho años de prisión, multas y tratamiento obligatorio—, sino que la persigue de oficio, sin derecho a fianza, y contempla agravantes cuando las víctimas son personas menores de edad, con discapacidad o cuando existe reincidencia o litigio por custodia.

En el ámbito civil, el enfoque es claro: el interés superior de la niñez no puede ser rehén de venganzas personales. Y en el plano institucional, el mensaje es contundente: las omisiones, retrasos o negligencias de servidores públicos también generan violencia y deben tener consecuencias.

Porque legislar, en este caso, no es solo escribir normas. Es atreverse a nombrar el daño, reconocer a las víctimas y afirmar que la justicia no puede seguir mirando hacia otro lado cuando el dolor se esconde detrás de expedientes, juzgados y silencios.