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Toluca, Estado de México a 4 de Marzo 2026. – En política pública, nombrar es reconocer; y reconocer es el primer paso para hacer justicia. Bajo esa premisa, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez planteó reformar la Ley de Vivienda del Estado de México para que el acceso a un hogar digno deje de ser una aspiración lejana para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y se convierta en un derecho efectivo, tangible y sin excepciones.

“El acceso a una vivienda es un derecho humano y no un privilegio”, sostuvo el legislador, al subrayar que el Estado no puede ser espectador ante la desigualdad. En una entidad donde, de acuerdo con datos del COESPO, más de 417 mil personas hablan una lengua indígena y cerca del 70% enfrenta condiciones de pobreza o pobreza extrema, la vivienda no es sólo un techo: es seguridad, identidad y posibilidad de futuro.

La iniciativa busca incorporar criterios reales de inclusión y justicia social en programas, subsidios, financiamientos y créditos, de modo que la construcción, mejora o ampliación de viviendas respete la cultura, el entorno y las necesidades específicas de cada comunidad. No se trata únicamente de edificar casas, sino de fortalecer raíces.

En la misma línea de reconocimiento, la diputada Leticia Mejía García presentó un exhorto para que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM) homologuen el catálogo estatal de comunidades indígenas con el listado nacional.

Hoy, mientras el INPI reconoce 647 comunidades, el registro estatal contabiliza 840. La diferencia —casi 200 localidades— no es sólo estadística: implica que cientos de familias pueden quedar fuera de programas y beneficios por una brecha administrativa. “Lo que no se nombra, no existe y lo que no se cuenta, no se atiende”, recordó la legisladora.

La actualización más reciente del listado estatal, publicada en mayo de 2024, sumó más de 100 comunidades en municipios como Ixtlahuaca, Almoloya de Juárez, Tenango del Valle, El Oro, San José del Rincón, Temascalcingo, Temoaya, Texcoco, Chalco, Nicolás Romero, Ecatepec, Teotihuacán, Toluca y Polotitlán, ampliando el mapa del reconocimiento, aunque aún con pendientes por resolver.

Las propuestas fueron respaldadas por el coordinador de la bancada priista, Elías Rescala Jiménez, y por el diputado Alejandro Castro Hernández, quienes coincidieron en que la justicia social no puede quedarse en el discurso.

Al final, la discusión no gira únicamente en torno a leyes o catálogos, sino en torno a una idea más profunda: un Estado que reconoce la diversidad como riqueza y que entiende que cerrar brechas no es un acto de caridad, sino de responsabilidad histórica. Porque cuando el derecho a la vivienda y al reconocimiento se garantiza para todos, la democracia deja de ser promesa y empieza a ser hogar.