Toluca, Estado de México a 5 de Marzo 2026. – En una decisión que coloca a la niñez y a las mujeres en el centro de la protección legal, el Congreso del Estado de México aprobó sanciones de hasta ocho años de prisión para quienes ejerzan violencia vicaria, una forma de agresión que utiliza a hijas, hijos o personas cercanas como medio para lastimar a una mujer.
Durante la sesión deliberante, la diputada Zaira Cedillo Silva, quien dio lectura a la iniciativa, subrayó que ninguna niña o niño debe convertirse en instrumento de venganza y que ninguna mujer debe enfrentar sola un sistema que minimice su sufrimiento.
La legisladora explicó que la violencia vicaria se configura cuando un hombre —sea cónyuge, excónyuge, concubinario, exconcubinario, pareja o expareja— utiliza por acción u omisión a hijas, hijos, familiares o personas cercanas con el objetivo de causar daño a una mujer, provocándole afectaciones emocionales, psicológicas o incluso físicas.
El decreto, aprobado por el Pleno legislativo, integra seis iniciativas impulsadas por diputadas y grupos parlamentarios de distintos partidos, entre ellos morena, PVEM, PAN y PRD, lo que refleja un consenso político frente a una problemática que vulnera el tejido más sensible de la vida familiar.
Las reformas modifican el Código Penal, el Código Civil y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para tipificar con mayor claridad este delito y sancionar conductas como amenazar con dañar a hijas o hijos, ocultarlos o sustraerlos, utilizarlos para obtener información sobre la madre, o fomentar agresiones físicas o psicológicas en su contra.
Asimismo, se consideran actos de violencia vicaria la manipulación emocional para deteriorar el vínculo materno-filial, la interposición de denuncias falsas para obtener la custodia de las y los menores, o condicionar el cumplimiento de obligaciones alimentarias con el fin de ejercer presión o control sobre la mujer.
Además de la pena privativa de libertad —que puede alcanzar hasta ocho años de prisión—, las personas responsables enfrentarán sanciones económicas de hasta mil 500 días multa, perderán la patria potestad y deberán someterse a tratamientos psicológicos, psicoterapéuticos, psiquiátricos o de reeducación.
Para la diputada Zaira Cedillo Silva, el propósito de la reforma es claro: impedir que el afecto, la cercanía familiar o la infancia se conviertan en herramientas de violencia, y garantizar que el Estado actúe con firmeza cuando se intenta dañar a una mujer a través de quienes más ama.
De esta manera, el Congreso mexiquense busca enviar un mensaje contundente: la protección de la niñez y la dignidad de las mujeres no admite silencios ni indiferencias.
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