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Toluca, Estado de México, 4 de marzo de 2026.– En un país donde los fenómenos naturales recuerdan constantemente la fragilidad del territorio y la necesidad de anticiparse al desastre, el diputado Valentín Martínez Castillo planteó que la prevención no puede seguir siendo una decisión opcional, sino una responsabilidad constitucional de los gobiernos locales.

Durante sesión deliberante del Congreso mexiquense, el legislador de Morena propuso reformar la Constitución federal para que los municipios y alcaldías estén obligados a elaborar su atlas municipal de riesgos, un instrumento técnico que permite identificar amenazas naturales y provocadas por la actividad humana, ubicar zonas vulnerables y planear acciones preventivas que protejan a la población.

La iniciativa parte de una realidad preocupante: en 2019, apenas 370 de los 2 mil 478 municipios y alcaldías del país contaban con este documento actualizado, es decir, apenas el 15 por ciento del territorio nacional tenía un diagnóstico formal de los riesgos que enfrenta.

Ante este panorama, la propuesta también plantea reformar la Ley General de Protección Civil para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres supervise la elaboración de estos atlas y su integración al Sistema Nacional de Protección Civil dentro de los primeros 90 días naturales del inicio de cada administración municipal. Asimismo, deberán actualizarse cada año, a más tardar en marzo.

Martínez Castillo advirtió que gobernar sin mapas de riesgo es hacerlo prácticamente “a ciegas”, pues sin información técnica los municipios enfrentan los fenómenos naturales sin una estrategia clara, lo que incrementa la vulnerabilidad de las comunidades.

Si bien reconoció que muchos ayuntamientos enfrentan limitaciones presupuestales y técnicas para elaborar o actualizar estos documentos, subrayó que identificar los riesgos no es un lujo administrativo, sino una condición mínima para proteger a la población, ordenar el crecimiento urbano y tomar decisiones responsables en materia de obra pública y desarrollo territorial.

Como ejemplo de las consecuencias de la falta de previsión, recordó que en 2025 lluvias atípicas provocaron 45 deslizamientos de tierra en 24 municipios del Estado de México, además de severas inundaciones en Chimalhuacán, Ecatepec, Los Reyes La Paz y Nezahualcóyotl, afectando a más de 21 mil familias.

El legislador, quien preside la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la LXII Legislatura mexiquense, sostuvo que la reforma permitiría fortalecer la prevención y reducir el riesgo de desastres, además de mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Asimismo, destacó que contar con atlas de riesgos actualizados facilitaría la elaboración de planes de desarrollo urbano y obras públicas mejor fundamentadas, mayor transparencia en la toma de decisiones y una protección más efectiva de los derechos humanos, particularmente el derecho a la vida, la seguridad y el desarrollo de las comunidades.