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Toluca, Estado de México a 11 de Marzo 2026. – El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de México, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Vivienda estatal, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a una vivienda digna para los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas.

Durante su intervención ante el pleno legislativo, el legislador sostuvo que el acceso a la vivienda no debe entenderse como un privilegio, sino como un derecho humano fundamental cuya garantía corresponde al Estado sin distinción ni exclusión alguna.

Señaló que la vivienda constituye la base material y simbólica desde la cual las personas pueden ejercer plenamente otros derechos esenciales, como la salud, la educación y el desarrollo familiar.

Desde una perspectiva jurídica y humanista, explicó que el derecho a una vivienda adecuada se encuentra reconocido tanto en la Constitución federal y la del Estado de México como en instrumentos internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a un nivel de vida digno que incluya vivienda adecuada y condiciones de bienestar.

«el legislador sostuvo que el acceso a la vivienda no debe entenderse como un privilegio, sino como un derecho humano fundamental cuya garantía corresponde al Estado».

El legislador recordó que, de acuerdo con ONU-Hábitat, una vivienda adecuada debe cumplir condiciones fundamentales como seguridad en la tenencia, acceso a servicios básicos, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación adecuada y pertinencia cultural, elementos que —afirmó— aún no se garantizan plenamente para los pueblos originarios.

Zarzosa Sánchez subrayó que, aunque el marco legal reconoce derechos para las comunidades indígenas, la legislación vigente en materia de vivienda carece de un enfoque diferenciado que visibilice sus necesidades específicas. Por ello, la iniciativa propone reconocer explícitamente a los pueblos indígenas y afro mexicanos como sujetos de atención prioritaria dentro de la política pública de vivienda.

Indicó que la reforma permitirá fortalecer el diseño e implementación de programas estatales y municipales mediante esquemas de subsidio, financiamiento y crédito con una visión inclusiva y de justicia social, orientada a reducir las brechas históricas de desigualdad.

El diputado destacó que en el Estado de México más de 417 mil personas hablan alguna lengua indígena y cerca del 70 por ciento vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema, situación que se refleja en viviendas con materiales precarios, carencia de servicios básicos o condiciones de hacinamiento, factores que limitan el desarrollo integral de las comunidades.

En ese sentido, afirmó que la diversidad cultural del estado no puede seguir coexistiendo con desigualdad estructural, por lo que la iniciativa representa no sólo una modificación legal, sino un compromiso ético del Estado para reconocer y atender a quienes históricamente han sido marginados del diseño de políticas públicas.

Finalmente, sostuvo que garantizar viviendas seguras, habitables y culturalmente pertinentes fortalece la identidad comunitaria, promueve la cohesión social y genera mejores condiciones para el desarrollo colectivo. Reiteró que la propuesta busca avanzar hacia un Estado de México más justo, incluyente y solidario, donde ninguna familia quede rezagada en el ejercicio de sus derechos fundamentales.