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Toluca, Estado de México a 13 de Marzo 2026. – Con un mensaje que apeló tanto a la razón administrativa como al sentido social de la política, el diputado Valentín Martínez Castillo presentó una iniciativa para atender uno de los problemas financieros más persistentes que enfrentan los municipios del país: los adeudos históricos por consumo de energía eléctrica.

Durante su intervención ante comisiones legislativas, el legislador planteó adicionar un párrafo al artículo 10 de la Ley de la Empresa Productiva del Estado, con el objetivo de facultar a la Comisión Federal de Electricidad para celebrar convenios de regularización que permitan descuentos o incluso la condonación parcial o total de estas deudas.

Con un tono reflexivo y firme, Martínez Castillo explicó que esta propuesta no nace desde la comodidad del escritorio, sino desde la experiencia de quienes han gobernado municipios y conocen de primera mano la presión de administrar recursos limitados frente a necesidades cada vez mayores.

En su exposición, recordó que durante décadas muchos ayuntamientos asumieron solidariamente el pago de la electricidad en escuelas y centros de salud cuando las comunidades lograban construirlos. Con el paso del tiempo, esas responsabilidades cambiaron de institución, pero las deudas acumuladas permanecieron registradas a nombre de los municipios.

El legislador subrayó que este problema se ha convertido en una carga estructural que limita la capacidad de los gobiernos locales para invertir en seguridad, infraestructura y servicios públicos. “Un peso destinado a un adeudo histórico es un peso que se le arrebata al bienestar de nuestra gente”, expresó.

A nivel nacional, los llamados adeudos históricos relacionados con consumo eléctrico superaban los 32 mil 500 millones de pesos al cierre de 2025, reflejando la magnitud de un problema que, según el diputado, requiere soluciones de fondo y no solo acuerdos aislados.

Martínez Castillo advirtió que cuando los municipios enfrentan presiones financieras por estas deudas, las consecuencias terminan trasladándose a la ciudadanía, ya sea a través del incremento del Derecho de Alumbrado Público o mediante afectaciones a servicios esenciales cuando se realizan cortes de energía que impactan pozos, bombas y sistemas de agua.

En este contexto, el legislador destacó que la iniciativa busca abrir una ruta institucional para sanear las finanzas municipales y construir una relación fiscal más justa entre los distintos niveles de gobierno.

Para el diputado, la medida no representa un privilegio, sino un acto de responsabilidad pública que permitiría cerrar ciclos contables heredados por décadas y liberar recursos para el desarrollo local.

Con una visión que combina experiencia municipalista y sensibilidad social, Valentín Martínez insistió en que la energía debe ser un motor de desarrollo y no un factor que asfixie a los municipios.

“Se trata de que los recursos públicos vuelvan a su verdadero destino: mejorar la vida de la gente”, concluyó.