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Toluca, Estado de México a 18 de Marzo 2026. — En política, como en la justicia, no todo cambio implica ruptura; a veces, el verdadero movimiento consiste en ajustar lo que ya existe para evitar que se fracture. Bajo esa lógica, autoridades del Estado de México defendieron las recientes adecuaciones en materia judicial, particularmente en torno a los tribunales de alzada, subrayando que no se trata de una reforma de fondo, sino de una necesidad práctica para garantizar certeza jurídica.

El presidente del Tribunal explicó que la iniciativa surge ante un vacío en la ley orgánica que ha sido observado por instancias federales. Aunque los tribunales de alzada ya operan en la práctica, su ausencia explícita en la norma ha permitido que juzgados federales repongan procedimientos, afectando directamente a los ciudadanos. “No estamos creando figuras nuevas, estamos reconociendo lo que ya funciona para evitar perjuicios”, sintetizó.

En este contexto, aclaró que no habrá, por ahora, designaciones adicionales de magistrados. Las funciones seguirán siendo desempeñadas por jueces y personal en funciones, como ha ocurrido históricamente. La intención, insistió, no es violentar la reciente reforma judicial, sino asegurar su operatividad cotidiana.

Sin embargo, el horizonte inmediato plantea desafíos mayores. La próxima elección judicial en el Estado de México contempla más de 450 cargos, entre ellos 30 magistraturas, lo que implica una compleja logística y un proceso inédito en su dimensión. Desde una visión personal, se reconoció que los aspirantes enfrentarán limitaciones para darse a conocer, al no contar con las herramientas ni recursos de los partidos políticos, lo que abre un debate sobre la equidad en la contienda.

Por su parte, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política defendió el trabajo coordinado entre poderes como una vía para construir gobernabilidad. En un tono que mezcla pragmatismo y discurso político, sostuvo que las críticas de la oposición responden más a tiempos pasados que a las necesidades actuales. “No hay leyes perfectas; lo que hay es voluntad de mejorarlas”, afirmó.

En materia de austeridad, el Congreso local presume avances: reducción de gastos, eliminación de rentas mediante la adquisición de inmuebles y contención de beneficios adicionales para legisladores. No obstante, se reconoce que el equilibrio es delicado: ajustar el gasto sin afectar a la base trabajadora.

Respecto al llamado “plan B” en materia electoral, respaldado por la presidencia de la República, el legislador señaló que el Estado de México ya presenta avances en algunos rubros, aunque admitió que su implementación total requerirá ajustes, especialmente para evitar conflictos logísticos entre elecciones constitucionales y judiciales.

Así, entre la necesidad de ordenar la ley, la presión por reducir costos y el reto de innovar en procesos democráticos, el Estado de México transita por una etapa donde la justicia y la política se entrelazan. En ese cruce, la pregunta de fondo no es solo cómo cambiar las reglas, sino cómo hacer que funcionen sin perder de vista a quienes, en última instancia, les dan sentido: los ciudadanos.