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Toluca, Estado de México a 23 de Marzo 2026. – En la arena política, pocas disputas son tan profundas como aquellas que no solo enfrentan partidos, sino concepciones del poder. Este lunes, el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México alzó la voz contra el llamado “Plan B” de reforma electoral impulsado por Morena, no solo como una crítica técnica, sino como una advertencia sobre el rumbo democrático del país.

Para Cristina Ruiz Sandoval, dirigente estatal del PRI, la iniciativa no debe leerse como un ajuste administrativo, sino como un gesto de reorganización del poder. En su interpretación, la reforma no simplifica el sistema: lo reconfigura. Y en esa reconfiguración, advierte, el riesgo no es menor: la posible disolución de los contrapesos que sostienen la pluralidad democrática.

Desde esta perspectiva, reducir el número de regidores o limitar presupuestos legislativos no es una medida de austeridad, sino una operación que debilita la capacidad crítica de las instituciones. En términos filosóficos, podría decirse que se transita de una democracia deliberativa a una democracia administrada, donde la voz se regula y la disidencia se vuelve cada vez más estrecha.

Uno de los puntos más sensibles señalados por el PRI es la revocación de mandato. Lejos de ser vista como un mecanismo de participación, se plantea como un dispositivo que podría perpetuar campañas constantes, diluyendo la frontera entre gobernar y competir. En este escenario, el poder no solo se ejerce, sino que se reproduce a sí mismo.

Asimismo, la reducción de los periodos de veda electoral y la posibilidad de que actores en funciones promuevan el voto a su favor introducen, según Ruiz Sandoval, una asimetría que tensiona la idea misma de equidad. La democracia, en este sentido, deja de ser un campo neutral para convertirse en un terreno inclinado.

Frente a este panorama, el PRI no solo responde con crítica, sino con estrategia. Bajo el impulso de Alejandro Moreno Cárdenas, surge la estructura “Defensores de México”, una red que busca reconstruir el vínculo entre política y ciudadanía desde el territorio. Más que una organización, se presenta como una forma de resistencia: la defensa de la democracia entendida no como un sistema dado, sino como una práctica que requiere ser sostenida.

Así, el debate trasciende la reforma misma. Se instala en una pregunta más amplia y más antigua: ¿la democracia es un equilibrio de fuerzas o una concentración eficaz del poder? En esa tensión, México vuelve a mirarse a sí mismo.