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Toluca, Estado de México a 24 de Marzo 2026. – En el cierre del periodo legislativo de marzo, el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, delineó una postura que combina prudencia institucional, cálculo político y una visión de continuidad dentro del proyecto de transformación que gobierna la entidad. Sus declaraciones reflejan un momento de transición: el trabajo legislativo entra en su fase final mientras las decisiones nacionales comienzan a marcar el ritmo de la agenda local.

Duarte explicó que el Congreso estatal se encuentra en la etapa de revisión final de iniciativas acumuladas desde el inicio del periodo, mismas que serán presentadas conforme se consoliden acuerdos políticos. Más que una carrera por producir reformas, el funcionario planteó la idea de una legislación construida desde la oportunidad política: avanzar sólo en aquello que tenga viabilidad real y consenso suficiente.

En este contexto, señaló que la prioridad inmediata es la definición del llamado Plan B electoral, iniciativa impulsada desde el ámbito federal y respaldada por el gobierno estatal encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Para Duarte, el Congreso local debe actuar dentro del marco que establezca la reforma nacional, evitando ampliar el debate hacia temas que no alcancen acuerdos amplios.

Desde una perspectiva política, el secretario subrayó que cualquier modificación electoral debe equilibrar dos dimensiones: la participación ciudadana —que considera cada vez más politizada y consciente— y la complejidad técnica de organizar elecciones. La democracia, sugirió implícitamente, no sólo depende del entusiasmo ciudadano, sino también de la arquitectura institucional que hace posible su funcionamiento.

Uno de los objetivos centrales de la reforma, afirmó, es reducir los costos electorales sin limitar los derechos políticos. La idea de “abaratar la democracia” aparece así no como una restricción, sino como un intento por hacer sostenible la participación pública sin trasladar cargas excesivas a la ciudadanía.

Respecto a críticas de la oposición sobre financiamiento público y representación proporcional, Duarte adoptó una postura histórica: recordó que las reglas actuales fueron diseñadas por los mismos partidos que hoy las cuestionan. Desde su visión, el debate es legítimo, pero debe partir del reconocimiento de que las normas electorales son resultado de acuerdos políticos acumulados y no decisiones unilaterales recientes.

En el plano político-electoral, descartó divisiones internas dentro del movimiento gobernante y aseguró que existe voluntad entre Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde para mantener la coalición que, afirmó, ha demostrado eficacia electoral. Las diferencias internas, sostuvo, son parte natural de la democracia y no señales de ruptura.

Otro eje relevante de sus declaraciones fue el manejo metropolitano de los residuos sólidos. Ante propuestas para cobrar compensaciones por la basura proveniente de otras entidades, Duarte llamó a evitar una lógica de confrontación financiera entre estados. Argumentó que la Zona Metropolitana del Valle de México funciona como un sistema interdependiente, donde problemas como seguridad, medio ambiente o residuos deben resolverse mediante coordinación regional y no mediante disputas administrativas.

Bajo esta visión, la basura deja de ser únicamente un asunto local para convertirse en un síntoma global: el aumento del consumo y del comercio electrónico ha multiplicado los desechos, evidenciando que el problema rebasa fronteras políticas y exige soluciones estructurales.

Finalmente, el secretario reiteró que el movimiento político en el Estado de México mantiene cohesión interna y liderazgo claro. Reconoció la trayectoria de distintos actores políticos, pero afirmó que la conducción política actual corresponde a la gobernadora Delfina Gómez, descartando escenarios de división.

En conjunto, las declaraciones de Horacio Duarte dibujan una filosofía política basada en tres principios: prudencia legislativa, coordinación institucional y unidad estratégica. Más que anunciar cambios abruptos, el mensaje apunta a consolidar acuerdos, ajustar reformas al contexto nacional y sostener la gobernabilidad mediante el diálogo permanente entre fuerzas políticas y niveles de gobierno.