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Toluca, Estado de México a 24 de Marzo 2026. – En un contexto donde el agua ha dejado de ser solo un recurso para convertirse en una expresión concreta de desigualdad, el diputado Samuel Hernández Cruz plantea una pregunta de fondo: ¿puede un derecho humano depender de la lógica del mercado sin caer en la injusticia?

Desde esta inquietud, el legislador propone regular el suministro de agua mediante pipas en el Estado de México, no solo como una medida técnica o administrativa, sino como un intento por restituir el sentido ético del acceso al agua. En un escenario marcado por la escasez, la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la insuficiencia de infraestructura, las pipas se han convertido en una solución necesaria, pero también en un espacio propicio para el abuso.

La iniciativa busca llenar ese vacío normativo donde hoy predomina la discrecionalidad. Propone reconocer el suministro por pipas como una extensión del servicio público, sometiéndolo a reglas claras que limiten el cobro y obliguen a la transparencia. En otras palabras, se intenta pasar del arbitrio al orden, de la necesidad explotada a la necesidad protegida.

El planteamiento central establece tarifas máximas vinculadas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con un tope que impide que el costo del agua rebase ciertos límites, dependiendo de la zona. Esta diferenciación no es menor: introduce un criterio de justicia distributiva, reconociendo que no todas las realidades sociales pueden ni deben pagar lo mismo por sobrevivir.

Más allá de los números, la propuesta interpela una realidad más profunda: cuando el acceso al agua depende del poder adquisitivo, la dignidad humana entra en tensión. Por ello, se obliga a los municipios a transparentar sus tarifas y a evitar prácticas discrecionales, intentando que el agua deje de ser un privilegio administrado y recupere su carácter de derecho garantizado.

Así, la iniciativa no solo busca ordenar un servicio, sino reconfigurar su sentido. Convertir el suministro extraordinario en un acto regulado implica reconocer que incluso en la escasez debe prevalecer la equidad. Porque, en última instancia, la manera en que se distribuye el agua dice mucho de la manera en que una sociedad entiende la justicia.