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Toluca, Estado de México a 9 de Abril 2026. – En política, no todas las reformas son sinónimo de avance; algunas, más bien, revelan tensiones profundas sobre cómo se entiende el poder y su distribución. Bajo esa premisa, el Grupo Parlamentario del PRI en el Estado de México votó en contra del llamado “Plan B” en materia electoral, al considerar que su espíritu no fortalece la democracia, sino que la repliega.

Desde la tribuna, el diputado Eduardo Zarzosa trazó una crítica que va más allá de lo técnico: calificó la propuesta como un intento de recentralizar el poder bajo el argumento de la austeridad, una narrativa que —según su visión— oculta un debilitamiento del federalismo y una presión directa sobre la autonomía de los municipios.

La reforma, en términos concretos, plantea reducir la integración de los ayuntamientos a una sindicatura y hasta 15 regidurías, lo que, para la bancada priista, no solo es un ajuste administrativo, sino una disminución de la pluralidad política en el ámbito local. Menos voces, advierten, implica también menos contrapesos.

Pero la crítica no se limita a lo que la reforma propone, sino también a lo que omite. En un sistema donde la representación debería ser reflejo fiel de la voluntad ciudadana, el PRI señala que el “Plan B” ignora problemas estructurales como la sobrerrepresentación legislativa, que distorsiona mayorías, así como la necesidad de blindar los procesos electorales frente al crimen organizado y el financiamiento ilícito.

En el fondo, el debate no es solo jurídico, sino filosófico: ¿se construye democracia reduciendo estructuras o fortaleciendo equilibrios? Para el PRI mexiquense, la respuesta parece clara: sin contrapesos reales ni instituciones sólidas, cualquier reforma corre el riesgo de convertirse en un retroceso disfrazado de cambio.