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Toluca, Estado de México, 10 de abril de 2026.– En un momento donde la economía suele medirse en cifras, el Congreso mexiquense plantea una pregunta más profunda: ¿para quién crece el desarrollo? Bajo esta premisa, legisladores y representantes del sector empresarial iniciaron un diálogo que no solo busca dinamizar la economía, sino dotarla de sentido social.

Con el respaldo del diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de la legisladora Martha Azucena Camacho Reynoso, el Congreso local analizará una agenda empresarial que, más allá de sus ejes técnicos —como compras públicas, simplificación administrativa, seguridad, infraestructura o competitividad—, se presenta como un intento por reconciliar dos dimensiones que históricamente han caminado en tensión: el crecimiento económico y el bienestar colectivo.

Durante el Primer Foro de Empresarias, Empresarios y el Congreso mexiquense, Vázquez Rodríguez dejó claro que el desarrollo no puede reducirse a indicadores, sino que debe traducirse en condiciones reales de vida. En ese sentido, subrayó que las propuestas del sector empresarial serán incorporadas al proceso legislativo, pero bajo un principio rector: el interés público como horizonte ético de toda decisión.

Esta visión encuentra eco en el planteamiento del gobierno estatal encabezado por Delfina Gómez Álvarez, cuya política, señalaron, coloca a las personas en el centro. Así, el crecimiento deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un medio que permita cerrar brechas y ampliar oportunidades.

Por su parte, la diputada Martha Camacho anunció la instalación de mesas de trabajo, un espacio donde las ideas no solo serán escuchadas, sino sometidas a un análisis riguroso. En su planteamiento subyace una idea clave: legislar no es reaccionar ni imponer, sino construir equilibrios. Porque el desarrollo, advirtió, no puede sostenerse desde una sola mirada; requiere integrar inclusión, competitividad, equidad y orden institucional.

Desde la voz empresarial, Germán Miguel Jalil Hernández, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, delineó una agenda que apuesta por fortalecer proveedores locales, simplificar trámites y abrir mejores condiciones para la inversión en sectores estratégicos. Pero, en el fondo, su planteamiento también revela una lógica más amplia: una economía sólida no solo genera riqueza, sino que amplía la base fiscal que hace posible sostener políticas sociales.

En esa convergencia de intereses —donde lo público y lo privado dejan de verse como opuestos— aparece una posibilidad distinta de desarrollo: uno que no excluye, que no concentra, y que entiende que la prosperidad solo es auténtica cuando se comparte.

Así, el Congreso mexiquense no solo abre un espacio de diálogo, sino que ensaya una idea más ambiciosa: que la economía, cuando se piensa con responsabilidad social, puede ser también una forma de justicia.