Toluca, Estado de México, 9 de abril de 2026.- En un debate que trasciende lo jurídico para situarse en el terreno de los principios, el Grupo Parlamentario del PRI en el Estado de México fijó una postura clara: la justicia no debe ser flexible al poder, sino firme en sus fundamentos.
Al rechazar la reforma que amplía los supuestos de la Ley de Amnistía, la bancada tricolor advirtió que abrir más puertas a este mecanismo extraordinario podría derivar en un terreno peligroso, donde la línea entre lo justo y lo arbitrario se diluya. Para el diputado Mariano Camacho, el riesgo no es menor: una justicia que depende de decisiones discrecionales deja de ser justicia para convertirse en una concesión.
Desde esta perspectiva, la discusión no radica en cuántas excepciones pueden incorporarse a la ley, sino en la solidez del sistema que debería garantizarla. Es ahí donde el PRI plantea su reflexión de fondo: un Estado no se fortalece multiplicando atajos legales, sino construyendo instituciones capaces de actuar con imparcialidad, transparencia y confianza.
La propuesta priista se articula en tres ejes que buscan ir más allá de la coyuntura. Primero, atender las causas que originan la violencia y el delito, entendiendo que la prevención es el primer acto de justicia. Segundo, corregir las fallas estructurales del sistema ministerial y judicial, donde muchas veces se gestan las desigualdades. Y tercero, apostar por una reinserción social que no sea un discurso, sino una oportunidad real sustentada en educación, trabajo y capacitación.
Así, más que oponerse a una reforma específica, el PRI plantea una interrogante de fondo: ¿puede una sociedad aspirar a la justicia si esta depende de excepciones, o debe construirla desde la certeza de sus instituciones? En esa disyuntiva, su respuesta es clara: sin instituciones sólidas, cualquier intento de justicia corre el riesgo de convertirse en una ilusión.
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