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Toluca, Estado de México, 6 de mayo de 2026. — El agua no debería convertirse en un privilegio administrado por la costumbre ni en un recurso repartido desde la indiferencia. Bajo esa idea, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Elías Rescala, presentó un punto de acuerdo para solicitar la revisión de los criterios de distribución del agua del Sistema Cutzamala entre el Estado de México y la Ciudad de México.

La propuesta nace de una pregunta sencilla pero profunda: ¿cómo puede una tierra que aporta la mayor parte del agua vivir, al mismo tiempo, bajo la sombra de la escasez? Actualmente, explicó el legislador, el 75 por ciento del agua del Sistema Cutzamala se capta y almacena en territorio mexiquense; sin embargo, el reparto mantiene una proporción donde el 60 por ciento se destina a la Ciudad de México y solo el 40 por ciento al Estado de México, pese a que esta entidad concentra cerca de 18 millones de habitantes.

Para Rescala, el problema ya no puede medirse únicamente en cifras técnicas, sino en la realidad cotidiana de miles de familias que enfrentan días enteros sin agua, gastos crecientes por pipas y afectaciones en escuelas, hospitales, comercios y el campo. “El acceso al agua no puede depender de inercias políticas ni de acuerdos que dejaron de responder a la realidad social”, sostuvo el diputado priista al defender la necesidad de replantear el convenio bajo principios de equidad, proporcionalidad y justicia social.

Lejos de plantear una confrontación con la capital del país, el legislador insistió en que la discusión debe centrarse en el derecho humano al agua y en la necesidad de construir un modelo de distribución más equilibrado y sostenible para ambas entidades.

La propuesta contempla que el Gobierno del Estado de México solicite formalmente la revisión de los volúmenes entregados a la Ciudad de México y que se establezcan reglas claras, medibles y verificables para garantizar el abasto continuo en tiempos de crisis hídrica.

Porque cuando el agua falta, no solo se vacían las tuberías: también se fractura la tranquilidad de las familias, se detiene la actividad económica y se erosiona la confianza de una sociedad que exige condiciones más justas para vivir.