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Toluca, Estado de México a 19 de Mayo 2026 . – La justicia pierde legitimidad cuando quienes deberían protegerla son señalados de utilizarla como instrumento de poder personal. Hoy, el nombre del magistrado en funciones José Luis Maya Mendoza, integrante del Poder Judicial del Estado de México, aparece vinculado a una serie de presuntas irregularidades judiciales que, de acuerdo con los denunciantes, revelan un esquema de corrupción, fraude procesal, tráfico de influencias y abuso de autoridad para despojarles de bienes inmuebles mediante procedimientos aparentemente simulados.

Los promoventes Marina Colin Flores, Ángel Daniel Flores Reyes y Magali Estrada Martínez sostienen que el magistrado habría operado diversos juicios civiles para beneficiar directamente a su cónyuge, Eva Colin Flores, y a su suegra, Antonia Florencia Flores Reyes.

La acusación central apunta a la utilización del aparato judicial no como vía de impartición de justicia, sino como mecanismo de control y apropiación patrimonial. De acuerdo con los denunciantes, el juicio promovido en el Juzgado Segundo Civil de Jilotepec, identificado con el expediente 1330/2022, se sustentó en documentos con firmas presuntamente falsificadas y en hechos simulados para reclamar un inmueble ubicado en Acambay, Estado de México.

Uno de los hechos más delicados señalados públicamente es el relacionado con el emplazamiento judicial. Los afectados aseguran que la parte actora proporcionó como supuesto domicilio de los demandados una vivienda que, en realidad, corresponde al propio magistrado José Luis Maya Mendoza, ubicada en Lerma, Estado de México. Según sostienen, existen documentales públicos y comparecencias judiciales donde el propio magistrado reconoce ese domicilio como suyo.

Para los denunciantes, esto no fue un error administrativo, sino una estrategia deliberada para impedir que tuvieran conocimiento del juicio y dejarlos en total estado de indefensión. Señalan que el emplazamiento se llevó a cabo en el propio domicilio del magistrado, mientras que los demandados siempre han habitado y tenido su domicilio real en Acambay, Estado de México.

Asimismo, denuncian que el procedimiento estuvo marcado por diversas irregularidades: manipulación de pruebas, simulación de actos jurídicos, falsificación de firmas, engaño a la autoridad y la tramitación del asunto ante un juzgado presuntamente incompetente y fuera de la jurisdicción correspondiente.

La narrativa de los afectados describe un proceso plagado de anomalías: audiencias realizadas sin conocimiento de los demandados, etapas procesales avanzadas sin oposición y, finalmente, una sentencia emitida —aseguran— sin que la parte actora hubiera ofrecido pruebas suficientes para acreditar legalmente su acción.

Particularmente grave resulta el señalamiento de que el juicio habría concluido con una resolución favorable para Antonia Florencia Flores Reyes, suegra del magistrado, sin existir elementos probatorios sólidos dentro del expediente.

Para los promoventes, ello evidencia una posible intervención indebida desde las estructuras del poder judicial mexiquense. Más allá del expediente y de las formalidades jurídicas, el caso abre una discusión de fondo sobre la fragilidad de las instituciones cuando el poder deja de ser un instrumento de legalidad y se convierte en una herramienta de privilegio.

Porque cuando la ley se utiliza para proteger intereses personales, la justicia deja de ser justicia y se transforma en un mecanismo de despojo.

En conferencia de prensa realizada en Toluca, los denunciantes exigieron la nulidad del juicio 1330/2022 y pidieron la intervención de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, así como del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, con el objetivo de frenar lo que califican como un fraude procesal construido desde el poder.

“Que nuestra petición de justicia resuene y que nuestra voz sean los medios de comunicación”, expresaron los afectados al hacer pública su denuncia.