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Toluca, Estado de México a 26 de Mayo 2026. – En el corazón comercial de Toluca, donde durante décadas los negocios familiares han sostenido calles, empleos y tradiciones, hoy se respira una sensación distinta: la incertidumbre. Empresarios y representantes del sector joyero alzaron la voz no para rechazar la ley, dijeron, sino para exigir algo más profundo y esencial para cualquier actividad económica: certeza.

Durante una conferencia de prensa, líderes empresariales denunciaron presuntos actos de hostigamiento y presión derivados de las cartas-invitación enviadas por la Secretaría de Finanzas del Estado de México, mediante las cuales se solicitan pagos adicionales que alcanzarían hasta los 30 mil pesos anuales como parte del proceso de regularización contemplado en la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial.

Frente a pancartas dirigidas a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el presidente del Patronato Pro Centro Histórico de Toluca, James Edward Marín Noriega, sostuvo que el problema no es la legalidad, sino la forma en que ésta se aplica.

El empresario reflexionó que cuando una norma pierde claridad y se convierte en motivo de temor, deja de ser un instrumento de orden para convertirse en una amenaza para el desarrollo económico. Por ello, insistió en que las joyerías formales no pueden ser tratadas bajo los mismos criterios que casas de empeño, fundidoras o centros de acopio de metales.

“Lo que pedimos es certeza jurídica, criterios claros y evitar medidas que puedan derivar en sanciones, clausuras o afectaciones al empleo”, expresó Marín Noriega, al advertir que una aplicación ambigua de la ley vulnera no sólo a los comerciantes, sino al equilibrio económico regional.

Por su parte, el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Mauricio Massud Martínez, respaldó la preocupación del sector y dejó entrever que la confianza institucional se erosiona cuando los empresarios sienten que cumplir ya no es suficiente.

A su vez, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Fernando Reyes Muñoz, advirtió que el temor del sector no se limita únicamente a las joyerías. Señaló que este tipo de mecanismos podrían extenderse hacia otras actividades económicas formales.

“No sabemos si llamarle nuevo impuesto, derecho o aprovechamiento, pero es un esquema que no compartimos”, expresó, cuestionando además que las cartas-invitación sean utilizadas como una vía de presión mientras gran parte del comercio informal continúa operando fuera de regulación.

Sin embargo, la intervención más emotiva provino del representante de la Unión de Joyeros, José Antonio Martínez García, quien habló desde la fragilidad del pequeño comercio y desde la preocupación cotidiana de quienes dependen de un mostrador para sobrevivir.

El empresario lanzó un llamado de auxilio a la gobernadora y recordó que detrás de cada joyería existen familias enteras que viven de sus ventas. Explicó que desde el año pasado personal identificado con la Secretaría de Finanzas ha realizado visitas constantes para solicitar información sobre propietarios, operaciones y mercancías, situación que ha sembrado inquietud entre comerciantes y trabajadores.

“Nos colocan módulos cerca de los centros joyeros para que nos acerquemos. Esto genera temor e incertidumbre para nuestro sector”, afirmó.

Martínez García describió además un escenario ya golpeado por la inflación, el aumento internacional en el precio del oro y la inseguridad, factores que —dijo— han reducido la presencia de clientes en el centro de Toluca y debilitado las ventas.

“¡Dejen de perseguirnos y déjennos trabajar!”, exclamó el representante joyero, en una frase que sintetizó el sentimiento generalizado de un sector que asegura sentirse observado más que acompañado.

Finalmente, el representante legal del sector, Pedro Mancilla, explicó que aunque jurídicamente no procede un amparo, sí existen vías administrativas para presentar recursos de inconformidad, al considerar que los actos propios de comercio no pueden ser regulados bajo criterios que calificó como inapropiados para la actividad formal.

Así, entre leyes, inspecciones y reclamos, el conflicto dejó al descubierto una discusión más profunda: la del delicado equilibrio entre la regulación y la confianza. Porque para el sector empresarial, gobernar no sólo implica recaudar o supervisar, sino también garantizar que quienes cumplen con la ley puedan trabajar sin miedo.