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•  PRI denuncia presuntas irregularidades en contratos de monederos electrónicos, caravanas médicas y equipo hospitalario; piden auditorías al manejo de recursos públicos.

Toluca, Estado de México, 2 de junio de 2026. — Cuando la enfermedad toca la puerta de una familia, lo último que debería existir es la duda sobre el destino del dinero público destinado a salvar vidas. Sin embargo, en el Estado de México, la salud parece debatirse entre la necesidad social y la sombra de contratos millonarios que hoy son señalados por posibles actos de corrupción.

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, denunció una serie de presuntas irregularidades en la Secretaría de Salud mexiquense que, en conjunto, representan más de 1,300 millones de pesos bajo sospecha. La acusación no solo habla de cifras; habla de prioridades. De hospitales que enfrentan carencias mientras el gasto público se dispersa en convenios cuestionados.

Entre los casos expuestos destaca la asignación de cinco contratos por casi 500 millones de pesos a la empresa Broxel S.A. de C.V. para operar monederos electrónicos destinados a trabajadores del sector salud. Según lo señalado, los contratos fueron entregados mediante adjudicación directa, sin procesos abiertos de licitación, además de contemplar una comisión del 2.5 por ciento por la administración del servicio.

Ruiz Sandoval sostuvo que el problema no es únicamente administrativo, sino moral: “Cuando los recursos públicos dejan de servir al ciudadano y comienzan a beneficiar estructuras de privilegio, la confianza social también enferma”.

Otro de los puntos señalados fue el gasto de 194.8 millones de pesos para la logística de la campaña de vacunación contra el sarampión entre octubre y diciembre de 2025. El contrato incluyó unidades móviles, carpas, mobiliario y material promocional, pero no contempló la adquisición de vacunas.

La dirigente priista también cuestionó el costo de las llamadas “Caravanas por tu Salud”, programa para el cual se habrían destinado más de 252 millones de pesos a una empresa tabasqueña creada en 2018, al inicio del gobierno federal morenista. A ello se suma otro contrato por 22.7 millones para la renta de unidades móviles de detección de enfermedades.

Las denuncias alcanzan además la compra de ventiladores con presuntos sobrecostos de hasta 80 por ciento y la instalación exprés de más de cuatro mil paneles solares en hospitales mexiquenses, trabajos que supuestamente se realizaron en apenas cuatro días.

Ante este panorama, el PRI anunció que solicitará al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) la realización de auditorías para esclarecer el manejo de los recursos y determinar posibles responsabilidades.

Porque cuando la política convierte la salud en negocio, no solo se compromete el dinero público: también se deteriora la esperanza de quienes dependen de un sistema médico digno y transparente.