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Toluca, Estado de México a 8 de Junio 2026 .- En toda sociedad, la movilidad no solo se mide por el desplazamiento de vehículos sobre una carretera; también depende de la confianza que transita entre ciudadanos y autoridades. Cuando ese vínculo se fractura, el camino se vuelve incierto. Bajo esa premisa, el Movimiento Transportista Mexiquense lanzó un enérgico llamado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para intervenir en la Secretaría de Movilidad, al considerar que la dependencia atraviesa una profunda crisis de conducción y credibilidad.

En un posicionamiento público, representantes del sector afirmaron que el relevo en la titularidad de la dependencia no se ha traducido en soluciones para los problemas que enfrentan miles de concesionarios y permisionarios. Por el contrario, aseguran que persisten prácticas que alimentan la desconfianza y la percepción de que las decisiones ya no responden al interés colectivo, sino a intereses particulares.

Para los transportistas, la autoridad pierde legitimidad cuando las funciones institucionales dejan de ejercerse con claridad y responsabilidad. Por ello, señalaron directamente a colaboradores cercanos del secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García, a quienes acusan de asumir facultades que, legalmente, corresponden a otras áreas de la dependencia.

Uno de los principales cuestionamientos recae sobre José Guadalupe Luna Hernández, secretario particular del titular de Movilidad, a quien atribuyen una influencia que rebasa las funciones de su cargo. Según el movimiento, esta situación ha abierto espacios para presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias que afectan al gremio transportista.

De igual forma, señalaron a Luz María Esparza Martínez, adscrita a la Subsecretaría de Movilidad, por asumir decisiones que corresponderían a la Dirección General del Registro Estatal del Transporte Público, lo que, a juicio de los inconformes, refleja un vacío de autoridad dentro de la institución. Más allá de los nombres, el mensaje del sector transportista apunta a un problema de fondo: la necesidad de recuperar el orden institucional.

En ese contexto, anunciaron que desconocen a Juan Hugo de la Rosa García como interlocutor válido para atender las demandas del gremio, al considerar que la dependencia requiere una conducción más sólida, transparente y con capacidad real de respuesta.

Los inconformes advirtieron que ignorar esta situación podría profundizar la incertidumbre en un sector estratégico para la economía y la gobernabilidad del Estado de México, donde diariamente millones de personas dependen del transporte público para desarrollar sus actividades.

Como parte de sus exigencias, presentaron una ruta de acción que contempla tres puntos fundamentales: el cumplimiento de acuerdos previamente firmados con la Secretaría de Movilidad, la separación de los funcionarios señalados y la publicación en la Gaceta del Gobierno estatal de los mecanismos que permitan a los concesionarios acceder a beneficios fiscales y administrativos para regularizar sus unidades.

Asimismo, solicitaron revisar la normatividad vigente para ampliar a 13 años la vida útil de los vehículos concesionados, medida que consideran indispensable para garantizar la estabilidad económica de miles de familias que dependen de esta actividad.

Al cierre de su posicionamiento, el Movimiento Transportista Mexiquense sostuvo que su lucha no busca confrontación, sino certidumbre. Porque cuando las instituciones escuchan y los ciudadanos confían, la movilidad deja de ser únicamente un asunto de transporte y se convierte en una herramienta para construir gobernabilidad, desarrollo y paz social.