Toluca, Estado de México, 11 de junio de 2026.- Comisiones unidas de la LXII Legislatura mexiquense aprobaron una iniciativa que contempla hasta 10 años de prisión, multas e inhabilitación para las personas servidoras públicas que, por corrupción, negligencia u omisión, obstaculicen la investigación o sanción de delitos cometidos contra mujeres por razones de género.
La propuesta de la diputada Jennifer Nathalie González López (Morena), denominada “Mariana Lima Buendía”, reforma el Código Penal estatal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para garantizar que todas las muertes violentas de mujeres y niñas sean investigadas bajo el protocolo de feminicidio, con perspectiva de género y debida diligencia.
La legisladora señaló que la iniciativa busca evitar que investigaciones sean cerradas prematuramente o que actos de corrupción y alteración de pruebas queden impunes. La propuesta retoma la lucha de Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima, cuyo caso se convirtió en un precedente nacional tras lograr que la Suprema Corte ordenara reabrir una investigación inicialmente clasificada como suicidio.
Durante el análisis, diputadas y diputados coincidieron en que la reforma responde a una demanda social de justicia y combate a la impunidad.
Luisa Esmeralda Navarro Hernández destacó que la medida evitará que más casos sean archivados como suicidios sin una investigación exhaustiva, mientras que Octavio Martínez Vargas cuestionó las deficiencias institucionales en la Fiscalía mexiquense y advirtió que aún persiste la clasificación errónea de muertes de mujeres.
Por su parte, Selina Trujillo Arizmendi llamó a fortalecer la atención integral a las víctimas mediante apoyo psicológico, jurídico y acciones que favorezcan su independencia económica, además de evitar prácticas de revictimización en los servicios periciales.
La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón resaltó que la reforma tipifica por primera vez de manera autónoma el delito de negación de justicia por razones de género, lo que coloca al Estado de México a la vanguardia nacional y envía un mensaje claro: la omisión, la negligencia y la complicidad dentro de las instituciones también deben ser castigadas.
Actualmente, el Código Penal mexiquense establece penas de 40 a 70 años de prisión para los delitos de feminicidio y transfeminicidio. Con esta reforma, la responsabilidad alcanzaría también a quienes, desde el servicio público, impidan que las víctimas accedan a la verdad y la justicia.
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