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Toluca, Estado de México a 16 de Junio 2026.- En política, gobernar también implica decidir qué merece atención inmediata y qué puede esperar. Cada peso del presupuesto público es, en el fondo, una declaración de principios: revela qué dolores se consideran urgentes y cuáles se relegan a la paciencia de quienes llevan años esperando respuestas.

Bajo esa premisa, el PRI Estado de México cuestionó la ruta elegida por el gobierno morenista durante la realización del Mundial de Futbol. En voz de su dirigente estatal, Cristina Ruiz Sandoval, denunció que la administración destinó al menos 142.4 millones de pesos para la instalación de pantallas gigantes y el pago de licencias de transmisión en 14 sedes del territorio mexiquense, un promedio de 10.1 millones de pesos por cada espacio habilitado para observar algunos encuentros del certamen internacional.

Desde la dirigencia priista, la crítica no se limitó al monto ejercido, sino al significado de esa decisión. Mientras la emoción colectiva del futbol ocupaba plazas públicas, señalaron, miles de familias continúan esperando soluciones a problemas cotidianos que afectan su calidad de vida.

«La pregunta es si estas eran las prioridades del Estado de México», expresó Cristina Ruiz Sandoval al advertir que los recursos invertidos en infraestructura temporal y transmisiones contrastan con otras necesidades apremiantes. Como ejemplo, expuso que la cifra destinada a las pantallas prácticamente duplica el presupuesto anual asignado a la Comisión de Búsqueda de Personas, que asciende a 82 millones de pesos.

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI también lamentó que el impacto económico prometido por el Mundial no alcanzara a los pequeños negocios. Fondas, cafeterías, restaurantes familiares y establecimientos locales quedaron fuera de la posibilidad de atraer consumidores debido al costo de las licencias comerciales para transmitir los partidos, cuyos precios oscilan entre los 5 mil y 23 mil pesos.

A consideración del partido tricolor, no existió una estrategia institucional para respaldar a estos comercios y permitirles participar en una actividad que pudo convertirse en una oportunidad de fortalecimiento económico para cientos de familias mexiquenses.

La crítica alcanzó también las obras de conectividad emprendidas con motivo del evento deportivo. Con base en contratos revisados por el PRI, se denunció un gasto superior a los 1 mil 883 millones de pesos en 11 vialidades destinadas a facilitar el traslado desde los aeropuertos hacia el estadio Ciudad de México. Sin embargo, cinco de esas obras permanecen inconclusas, situación que atribuyó a una deficiente planeación gubernamental.

Asimismo, Ruiz Sandoval cuestionó que el 72 por ciento de esos recursos se adjudicaron de manera directa a cuatro empresas —GCP, Concretos Asfálticos de México, Constructora Valdenegro y Moncayo Cedillo— que, en conjunto, recibieron más de mil 347 millones de pesos.

Por ello, exigió la realización de una auditoría inmediata a los contratos, adjudicaciones y recursos públicos relacionados con las actividades y obras derivadas del Mundial.

Porque el debate de fondo, sostuvo el PRI mexiquense, no es si el futbol merece celebrarse. La verdadera discusión es qué mensaje envía un gobierno cuando invierte millones en el brillo efímero del espectáculo mientras persisten ausencias que, para muchas familias, siguen siendo permanentes.

«El Mundial durará unas semanas, pero las decisiones sobre estos gastos millonarios las vamos a pagar durante años. Los mexiquenses merecen transparencia, resultados y gobiernos que establezcan prioridades pensando en las familias, no en los reflectores», concluyó la dirigente estatal.