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Toluca, Estado de México, 6 de julio de 2026.- La confianza ciudadana también se construye en las decisiones que parecen cotidianas. Cada contrato firmado con recursos públicos representa una responsabilidad con la sociedad y un compromiso para que el presupuesto responda al bienestar colectivo, no a intereses particulares. Bajo esa premisa, el diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Contratación Pública del Estado de México.

La propuesta busca establecer reglas más estrictas en el arrendamiento de inmuebles destinados a oficinas públicas, con el propósito de evitar el pago de rentas infladas, sustentadas en avalúos simulados o elaborados sin criterios técnicos. El planteamiento parte de la idea de que el dinero público debe administrarse con responsabilidad, pues cada recurso destinado a gastos excesivos representa una oportunidad menos para fortalecer áreas como salud, seguridad, infraestructura o programas sociales.

El legislador explicó que la reforma no pretende intervenir en el mercado inmobiliario privado, sino garantizar que las contrataciones de los gobiernos estatal y municipales se realicen bajo principios de austeridad, transparencia, eficiencia y responsabilidad presupuestal.

Entre los principales cambios, la iniciativa incorpora criterios como eficiencia energética, accesibilidad, sustentabilidad, mantenimiento y seguridad estructural para evaluar los inmuebles, dejando de privilegiar únicamente el costo de la renta y promoviendo espacios que generen ahorros a largo plazo para la administración pública.

Además, propone que las ofertas sustentadas en avalúos simulados o sin respaldo técnico puedan ser desechadas y que se dé vista a las autoridades competentes para aplicar las sanciones correspondientes. También plantea impedir que personas o empresas involucradas en sobreprecios, simulación de avalúos o incumplimiento de condiciones de seguridad y mantenimiento puedan volver a contratar con el sector público.

Con esta iniciativa, el Grupo Parlamentario de Morena busca fortalecer una cultura de rendición de cuentas donde la legalidad y la transparencia sean el fundamento de cada contratación, con la convicción de que administrar con honestidad no solo protege las finanzas públicas, sino que también fortalece la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.