Toluca, Estado de México a 13 de Julio de 2026 . – El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México, Francisco Vázquez Rodríguez, señaló que la reforma al Poder Judicial no debe entenderse como un proceso concluido, sino como una transformación que continuará perfeccionándose rumbo a 2028, conforme la experiencia permita identificar áreas de mejora.
Explicó que las adecuaciones legislativas buscarán fortalecer un Poder Judicial con mayor capacidad técnica, pero también con una visión humanista, donde quienes impartan justicia cuenten con la preparación jurídica necesaria para responder a las necesidades de la ciudadanía. Indicó que el objetivo es establecer mecanismos de evaluación más rigurosos desde el inicio, evitando la improvisación y privilegiando perfiles con conocimientos sólidos y compromiso con el servicio público.
Vázquez Rodríguez comentó que durante el próximo periodo ordinario se discutirán aspectos pendientes de la reforma, entre ellos las reglas de participación con perspectiva de género, la integración del Tribunal Superior de Justicia, la forma de elegir su presidencia, así como los tiempos y lineamientos para las campañas de quienes aspiren a cargos judiciales.
El legislador explicó que los plazos establecidos para el proceso electoral judicial obedecen a las condiciones particulares del Estado de México y a la necesidad de armonizar la legislación local con las disposiciones federales. Añadió que varios de estos temas continuarán ajustándose conforme avance la implementación de la reforma.
Respecto al funcionamiento del Poder Judicial, reconoció que existen desafíos relacionados con la carga de trabajo de jueces y magistrados. Señaló que será necesario evaluar si el número de juzgadores es suficiente para atender la demanda de asuntos y, en su caso, analizar la viabilidad de ampliar la plantilla mediante un presupuesto responsable y sostenible.
En otro tema, informó que el Congreso continúa analizando las iniciativas para expedir la Ley del Agua del Estado de México. Explicó que el propósito es construir una legislación integral que no se limite a establecer sanciones, sino que defina con claridad las responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno en la distribución, administración, uso y cobro del recurso hídrico.
Finalmente, adelantó que durante el próximo periodo legislativo también podrían concretarse nuevas desincorporaciones de inmuebles para fortalecer la infraestructura hospitalaria y reiteró que las decisiones presupuestales seguirán orientadas a reducir estructuras burocráticas, reasignar funciones administrativas y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos en beneficio de la población.



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