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Tecámac, Estado de México, 17 de julio de 2026.– Cuando un apoyo público deja de entenderse como un derecho colectivo y comienza a percibirse como una herramienta de conveniencia política, la confianza entre ciudadanía e instituciones se debilita. Esa es la preocupación que expresan padres de familia, docentes y vecinos de diversas comunidades de Tecámac, quienes denunciaron un presunto condicionamiento político durante las ceremonias de graduación.

De acuerdo con los testimonios recabados, funcionarios del Ayuntamiento habrían ofrecido un apoyo económico de 10 mil pesos y un pastel proporcionado por el DIF municipal para las graduaciones, con la condición de que el diputado local Samuel Hernández Cruz no fuera invitado a los eventos. Sin embargo, los denunciantes aseguran que, apenas unas horas antes de las ceremonias, únicamente recibieron 2 mil pesos y un pastel que, afirman, se encontraba en malas condiciones.

Las imágenes del producto comenzaron a difundirse en redes sociales, donde padres de familia manifestaron su inconformidad tanto por la calidad del apoyo recibido como por lo que consideran una utilización política de recursos públicos destinados a la ciudadanía.

Quienes solicitaron mantener su identidad en reserva por temor a posibles represalias señalaron que estas prácticas no se limitarían al ámbito escolar. Según sus versiones, iglesias del municipio también habrían recibido ofrecimientos de apoyo económico bajo condiciones similares, orientadas a favorecer políticamente a la administración municipal.

Los denunciantes identifican a Paul Luna Hidalgo, director general de Gobierno del Ayuntamiento de Tecámac, como el principal operador de estas presuntas acciones. Asimismo, sostienen que el funcionario habría señalado que dichas instrucciones provenían de la presidenta municipal, Rosa Yolanda Chong.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Tecámac no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las acusaciones.

En un contexto donde la función del servicio público debería fortalecer la confianza social, las denuncias han abierto un debate sobre los límites éticos del ejercicio del poder. Más allá del monto de un apoyo o de la calidad de un pastel, los ciudadanos cuestionan si los recursos públicos pueden estar sujetos a intereses políticos o si deben responder, sin distinción, al bienestar de la comunidad.