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Redacción.

Ecatepec, Estado de México, 13 de agosto de 2026.— Cuando los servicios públicos dejan de responder a las necesidades de la población, la crisis deja de ser únicamente administrativa y se convierte en una cuestión de justicia. Bajo esta premisa, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó a los gobiernos de Morena de haber llevado a Ecatepec a un escenario marcado por el desabasto de agua, la inseguridad y presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Durante una conferencia de prensa, Cristina Ruiz Sandoval, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, cuestionó la situación que enfrentan más de 1.2 millones de habitantes, quienes, ante las dificultades para acceder al agua potable, han llegado a pagar hasta mil 200 pesos mensuales por el servicio de pipas.

La dirigente priista puso en duda la transparencia con la que el Ayuntamiento habría contratado unidades para abastecer de agua a la población y posteriormente habría permitido que el servicio tuviera un costo para las familias. Más allá de los números, señaló, el problema plantea una pregunta elemental: ¿cómo puede convertirse una necesidad básica en un negocio cuando quienes la padecen son las propias familias?.

El PRI también pidió esclarecer los posibles vínculos entre autoridades y personajes señalados por investigaciones relacionadas con delitos como extorsión, delincuencia organizada y venta ilegal de agua. Entre ellos mencionó a Guillermo Fragoso Báez, exregidor de la alianza PES-Morena-PT, cuya situación jurídica, sostuvo, debe ser esclarecida por las autoridades correspondientes.

A estas acusaciones se suma, de acuerdo con el PRI, un probable daño al erario por 231 millones 439 mil pesos, observado por la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 2024.

Entre las irregularidades señaladas se encuentra el proyecto de videovigilancia Jaguar 2.0, con un monto superior a 212 millones de pesos, respecto del cual, según el partido, la ASF detectó falta de documentación comprobatoria. El señalamiento cobra especial relevancia luego de que en julio de 2025 autoridades localizaran un centro de monitoreo clandestino que contaba con cámaras adquiridas por el municipio.

También se cuestionó la falta de documentación relacionada con la renta de un helicóptero por más de cuatro millones de pesos, así como otros 19 millones vinculados con obras cuyos pagos, de acuerdo con el PRI, no contaban con la comprobación documental correspondiente.

En materia de seguridad, Ruiz Sandoval sostuvo que el discurso oficial sobre una disminución de los delitos no coincide con los datos que, según el partido, muestran un panorama distinto. Citando cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública analizadas por el Observatorio Nacional Ciudadano, señaló que durante el primer semestre de 2026, frente al mismo periodo de 2025, el narcomenudeo aumentó 61.8 por ciento; el homicidio culposo, 22.5 por ciento; la violencia familiar, 21.6 por ciento; el robo al transporte público, 20.7 por ciento, y el robo a negocios, 1.7 por ciento.

El PRI también señaló la problemática de extorsión y cobro de piso que, afirmó, afecta a comerciantes, tianguistas y transportistas, y pidió aclarar los posibles vínculos políticos que hayan existido alrededor de grupos delictivos señalados en distintos reportes.

En particular, solicitó una explicación pública sobre un video en el que aparece la presidenta municipal, Azucena Cisneros, junto a Alejandro “N”, alias “El Choko”, detenido en septiembre de 2025. El partido puntualizó que la existencia del video no demuestra por sí misma participación en actividades delictivas, pero consideró que la relación pública mostrada debe ser explicada ante las investigaciones existentes.

El reclamo del PRI busca colocar nuevamente sobre la mesa una pregunta que trasciende la disputa partidista: ¿qué ocurre cuando el poder deja de entenderse como responsabilidad y comienza a percibirse como privilegio? Para el partido, Ecatepec enfrenta precisamente esa contradicción, donde la falta de agua, la inseguridad y las dudas sobre el uso de los recursos públicos terminan afectando a quienes menos margen tienen para soportarlas.

Por ello, llamó a las autoridades ministeriales y fiscalizadoras a investigar las presuntas irregularidades y pidió a la ciudadanía mantenerse atenta y denunciar cualquier atropello que afecte la vida pública de Ecatepec.