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Por: Javier Quiroz Hernandez.

Toluca, Estado de México a 1 de Septiembre de 2026.–La diputada del Partido del Trabajo (PT), Ana Yurixi Leiva Piñón, señaló que trabaja en una iniciativa para fortalecer los protocolos de prevención y atención ante posibles casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes dentro de las escuelas, bajo la premisa de que ninguna infancia debe quedar desprotegida ante una situación de esta naturaleza.

Explicó que la propuesta aún se encuentra en etapa de fundamentación, pues se analizan distintas aristas jurídicas y operativas antes de llevarla al pleno del Congreso mexiquense. Como parte de estos trabajos, sostuvo que ya se realizó una primera reunión en la que participó personal de la Secretaría de Gobernación.

Para la legisladora, la protección de las infancias no puede depender únicamente de la reacción ante un delito consumado, sino de la capacidad de las instituciones para prevenir, orientar y actuar oportunamente. En ese sentido, consideró indispensable que las escuelas cuenten con protocolos claros y personal debidamente capacitado para saber cómo actuar ante una denuncia.

Leiva Piñón rechazó, sin embargo, que la solución sea colocar un Ministerio Público en cada escuela. Consideró que corresponde capacitar a los docentes, quienes representan el primer contacto de los estudiantes, para que puedan escuchar, orientar y canalizar adecuadamente los casos hacia las autoridades correspondientes. También planteó la necesidad de fortalecer la preparación jurídica y psicológica de quienes intervienen en estos procesos.

La diputada reconoció que este tipo de orientación ya se implementa en algunas escuelas, pero advirtió que todavía existe desconocimiento sobre los mecanismos de canalización. Por ello, insistió en que los protocolos deben difundirse con mayor precisión y generar confianza entre los estudiantes para que sepan que pueden acercarse a un adulto capacitado.

En materia de procuración de justicia, la legisladora cuestionó la falta de acercamiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con colectivos y familias que buscan a personas desaparecidas o reclaman justicia. Recordó que durante más de 100 días permanecieron familias en plantón esperando una audiencia, sin obtener respuesta directa del fiscal.

Leiva Piñón sostuvo que el problema no solamente radica en las cifras oficiales, sino en la realidad que diariamente enfrentan las familias y que los medios de comunicación documentan. Por ello, consideró necesario revisar el funcionamiento de la Fiscalía, el avance de las carpetas de investigación y, sobre todo, el trato que reciben quienes acuden a solicitar justicia.

La legisladora también se refirió a la Comisión de Amnistía, recientemente integrada como comisión legislativa permanente en el Congreso estatal, al señalar que representa una nueva vía para revisar los casos de personas que pudieran encontrarse privadas de la libertad injustamente. Afirmó que el objetivo será analizar cada expediente y abrir espacios para que los ciudadanos puedan ser escuchados.

Respecto al sector salud, reconoció que continúan las denuncias de trabajadores por falta de insumos, prestaciones y problemas derivados del proceso de transición hacia el IMSS-Bienestar. Ante este escenario, adelantó que las próximas comparecencias legislativas deberán servir para conocer con claridad las condiciones en que se recibe la Secretaría de Salud y qué acciones se emprenderán para corregir las deficiencias.

La diputada enfatizó que los cambios de administración no deben significar el reinicio de los problemas, sino la oportunidad de corregir aquello que no funciona. En caso de existir responsabilidades, sostuvo, deberán determinarse y hacerse efectivas, porque ningún funcionario debe estar por encima de la rendición de cuentas.

Finalmente, sobre la regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas primarias, Leiva Piñón manifestó su respaldo a la iniciativa que ya se encuentra en discusión en comisiones del Congreso mexiquense. Consideró que establecer límites al uso de estos dispositivos dentro de los planteles puede contribuir a recuperar la atención de los estudiantes y garantizar que la tecnología permanezca al servicio de la educación, y no se convierta en un obstáculo para ella.

En el fondo de sus planteamientos, la diputada colocó una misma exigencia: que las instituciones no esperen a que el daño ocurra para actuar. La protección de la infancia, la procuración de justicia y el derecho a la salud, sostuvo, requieren instituciones capaces de escuchar, prevenir y responder con sensibilidad, porque cuando una autoridad deja de escuchar a la sociedad, también comienza a perder su razón de ser.