Redacción.
Ciudad de México, 17 de Septiembre de 2026.— Frente a una realidad en la que la inseguridad continúa condicionando la vida cotidiana de miles de familias, el debate sobre cómo protegerse vuelve también una pregunta sobre los límites de la responsabilidad del Estado y los alcances de la defensa personal.
En ese contexto, el coordinador nacional de diputados del PAN, Anuar Azar Figueroa, propuso construir un “Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana y la Legítima Defensa”, con el propósito de abrir una discusión plural sobre los mecanismos legales que podrían permitir a las personas responder ante una agresión real, actual o inminente.
Durante una conferencia de prensa, el legislador aclaró que la propuesta no busca una liberalización generalizada de las armas, sino analizar la posibilidad de establecer un esquema de portación legal, selectivo y sujeto a controles rigurosos para quienes cumplan determinados requisitos.
La discusión, planteó, parte de una contradicción que permanece en la vida pública: mientras la seguridad corresponde fundamentalmente al Estado, existen situaciones en las que una persona puede encontrarse frente a un peligro inmediato y tener que decidir cómo proteger su vida o la de su familia.
“Estamos abriendo el debate para encontrar mecanismos legales de defensa, con restricciones, controles y una regulación estricta, ante una realidad en la que las instituciones de seguridad y justicia todavía no están dando los resultados que las familias necesitan”, afirmó.
De acuerdo con la ENVIPE 2026 del INEGI, citada por el legislador, una proporción muy reducida de los delitos denunciados alcanza una resolución favorable para las víctimas. Para Azar, este escenario obliga a discutir no solamente cómo combatir la delincuencia, sino también qué herramientas puede reconocer la ley cuando la protección institucional no alcanza a llegar de manera inmediata.
Sin embargo, subrayó que cualquier modificación tendría que preservar la responsabilidad del Estado en materia de seguridad pública. Una eventual reforma, sostuvo, no sustituiría las funciones de policías, fiscalías ni jueces.
Entre los elementos que propone analizar se encuentran la revisión de antecedentes, evaluaciones de aptitud física y psicológica, capacitación obligatoria, registro y trazabilidad de las armas, almacenamiento seguro, renovación periódica y mecanismos para suspender o revocar permisos.
De igual manera, se plantea revisar los alcances jurídicos de la legítima defensa para establecer con claridad hasta dónde puede llegar una persona al repeler una agresión, evitando que la defensa se convierta en persecución, venganza o justicia por propia mano.
“La discusión no debe reducirse a armar o desarmar a la población. Debemos evaluar si un esquema legal, selectivo y estrictamente regulado puede contribuir a proteger a las familias, sin generar consecuencias adversas mayores”, sostuvo.
La propuesta contempla la realización de foros en los 32 Congresos locales y en el Congreso de la Unión, con la participación de especialistas en derecho, seguridad, criminología y regulación de armas, además de autoridades, organizaciones ciudadanas y víctimas de la delincuencia.
Los encuentros abordarían cuatro ejes: legítima defensa y derechos ciudadanos; capacidad de respuesta del Estado; requisitos para una eventual licencia de portación; y mecanismos de protección para evitar abusos y daños a terceros.
El objetivo final sería integrar el “Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana y la Legítima Defensa”, a partir de las conclusiones obtenidas y, en su caso, plantear reformas constitucionales y legales.
Azar también propuso que cualquier cambio sea sometido a una evaluación mediante indicadores públicos, entre ellos homicidios, robos violentos, lesiones por arma de fuego, accidentes, usos defensivos y posibles desvíos de armas legales hacia el mercado ilícito.
“Una política responsable se evalúa y se corrige; no se defiende a ciegas”, afirmó.
Así, la propuesta coloca sobre la mesa una cuestión que rebasa la discusión sobre las armas: qué puede hacer legalmente una persona cuando su seguridad está en riesgo y dónde debe trazarse la frontera entre defenderse y ejercer justicia por cuenta propia.
Para el legislador, las armas no representan por sí mismas una solución a la violencia. El planteamiento, insistió, consiste en discutir bajo qué condiciones excepcionales la ley podría reconocer determinados mecanismos de defensa y qué controles serían necesarios para reducir sus posibles consecuencias.
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