Redacción.
Toluca, Estado de México a 24 de Septiembre de 2026.— Cuando se destinan recursos públicos para enfrentar la violencia contra las mujeres, la pregunta no termina con saber cuánto dinero se asignó: también importa conocer dónde se aplicó, qué acciones produjo y qué resultados dejó. Bajo esta premisa, la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) propuso transparentar el ejercicio de los recursos destinados a atender las alertas de violencia de género por feminicidio y desaparición en los municipios mexiquenses.
La legisladora planteó reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para establecer que los ayuntamientos que cuentan con alguna de estas alertas publiquen, tanto en sus gacetas municipales como en sus medios electrónicos oficiales, los proyectos operativos y anexos técnicos relacionados con su atención.
La propuesta parte de una idea sencilla: un recurso público que no puede ser conocido, seguido y evaluado por la sociedad pierde parte de su sentido como instrumento para atender un problema colectivo.
Leyva Piñón, presidenta de la Comisión para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición de la LXII Legislatura mexiquense, señaló que actualmente la legislación no obliga a los municipios alertados a hacer públicos los recursos que reciben ni sus planes operativos.
Esta falta de información, sostuvo, limita la posibilidad de que la ciudadanía conozca las metas planteadas, las acciones emprendidas, los montos ejercidos y los resultados obtenidos por las autoridades.
El planteamiento cobra relevancia ante los 260 millones de pesos contemplados en el Presupuesto de Egresos del Estado de México 2026 para atender las declaratorias de Alerta de Violencia de Género por Feminicidio y Desaparición en 11 municipios.
Por ello, la iniciativa propone que los gobiernos municipales hagan pública información sobre el ejercicio de esos recursos, incluyendo montos, acciones ejecutadas, personas beneficiarias y resultados. También plantea que la información sea clara, veraz, oportuna y de fácil acceso, además de actualizarse periódicamente para permitir el seguimiento y evaluación de las medidas implementadas.
La propuesta contempla además una coordinación entre los municipios y las autoridades estatales para garantizar que los objetivos de transparencia se cumplan y que la información no permanezca únicamente en los documentos administrativos, sino que pueda ser consultada por quienes viven las consecuencias de la violencia.
Para la diputada, abrir estos datos al escrutinio social permitiría que organizaciones civiles, colectivos de mujeres, madres buscadoras, víctimas directas e indirectas, instituciones académicas y órganos de control puedan dar seguimiento al destino de los recursos y a las acciones emprendidas.
En este sentido, la transparencia adquiere una dimensión que va más allá de publicar cifras. Se trata, en esencia, de hacer visible la relación entre el dinero público y la vida de las personas a quienes pretende proteger. Saber cuánto se gastó resulta insuficiente si no es posible conocer qué cambió con ese gasto.
Leyva Piñón afirmó que transparentar los recursos destinados a las alertas de violencia de género a nivel municipal representa un acto de congruencia con el mandato de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y una respuesta para las familias mexiquenses.
La legisladora sostuvo que garantizar información pública, verificable y accesible permitiría evaluar los resultados de las políticas implementadas y comprobar si el presupuesto destinado a la seguridad de mujeres, niñas y adolescentes cumple con su propósito de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.
Actualmente, los municipios mexiquenses alertados por feminicidio y desaparición son Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.
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