Redacción.
Toluca, Estado de México a 26 de Septiembre de 2026 .— Una grieta puede comenzar siendo apenas una línea sobre el muro, casi imperceptible, pero cuando se multiplica también revela algo más profundo: un suelo que pierde estabilidad y una autoridad que, si no actúa a tiempo, corre el riesgo de llegar después de la tragedia.
Bajo esta premisa, la diputada Ruth Salinas presentó ante el Congreso mexiquense una iniciativa con proyecto de decreto denominada “Ley Anti Grietas”, con la que propone reformar la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios a fin de establecer mecanismos de prevención, vigilancia, medición y mitigación de la subsidencia del terreno.
La propuesta parte de una realidad que ya puede observarse en distintos puntos de la entidad. En Toluca, el Atlas Municipal de Riesgos 2025-2026 identifica 22 zonas de fracturamiento del suelo, mientras habitantes de diversas comunidades han documentado daños que avanzan sobre viviendas y espacios urbanos.
“No se trata de un problema hipotético ni lejano”, sostuvo la legisladora, al advertir que existen familias que enfrentan directamente las consecuencias del fenómeno. En este contexto, señaló el caso de vecinos de Humboldt, en el centro de Toluca, quienes han denunciado el crecimiento de grietas y afectaciones estructurales en sus viviendas.
Como ejemplo, expuso el caso de una fisura detectada en enero que, para agosto, se había convertido en más de 50 grietas. El dato, más que una cifra aislada, muestra la velocidad con la que un problema aparentemente pequeño puede transformarse en una amenaza para el patrimonio familiar.
Para Salinas, uno de los vacíos actuales se encuentra en la falta de responsabilidades suficientemente claras para determinar quién debe medir, cartografiar, informar, vigilar y atender la subsidencia. Sin una autoridad claramente identificada, sostuvo, las familias pueden quedar atrapadas entre trámites y dependencias mientras el suelo continúa modificándose debajo de sus hogares.
La diputada explicó que el fenómeno está relacionado, entre otros factores, con la extracción excesiva de agua de los mantos acuíferos. El bombeo puede reducir el agua contenida entre las partículas del subsuelo, favorecer su compactación y provocar el hundimiento progresivo de la superficie.
Por ello, la iniciativa plantea establecer condiciones para que la extracción del agua se realice de manera responsable y con evaluación de riesgos. El objetivo, aclaró, no es impedir el abastecimiento de las familias, sino buscar un equilibrio entre la necesidad de agua y la obligación de preservar las condiciones que hacen habitable el territorio.
En el fondo, la discusión planteada por Salinas no se limita a las grietas visibles en una pared. Se trata de decidir si las instituciones actuarán cuando el riesgo todavía puede prevenirse o cuando sus consecuencias ya sean irreparables.
“Podemos esperar a que se venga abajo una casa con una familia adentro y lamentarlo después o, desde este Congreso, podemos legislar hoy”, afirmó.
La advertencia es clara: las grietas no se van a cerrar solas. Y mientras el suelo continúa transformándose, la respuesta de las instituciones tendrá que hacerlo también.
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