Redacción.
Toluca, Estado de México, 28 de Septiembre de 2026.- Cuando una niña, niño o adolescente es llevado de un país a otro, la justicia enfrenta un desafío que va más allá de las fronteras y de las diferencias entre sistemas jurídicos: proteger a una persona cuya vida puede quedar atrapada entre procedimientos, jurisdicciones y decisiones que no siempre avanzan al mismo ritmo.
Bajo esta premisa, el Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) se convirtió en sede de la Capacitación Especializada a Jueces Nacionales sobre “Sustracción Internacional de Niños”, encuentro que reúne durante dos días a juezas y jueces de 19 entidades del país, así como a integrantes de la Red Internacional de Jueces de La Haya de Argentina, Estados Unidos, El Salvador y Guatemala.
Al inaugurar los trabajos, el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, sostuvo que hablar de un sistema universal de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes implica aspirar a una justicia capaz de mantener un estándar común de protección, incluso cuando los casos atraviesan fronteras y diferentes ordenamientos jurídicos.
El titular del PJEdomex planteó que los asuntos de sustracción internacional no pueden resolverse únicamente desde la lógica del derecho nacional. Por el contrario, requieren comprender e interpretar los instrumentos internacionales y utilizar los mecanismos de cooperación existentes para responder a una realidad en la que la protección de la infancia no puede detenerse en una frontera.
En este contexto, recordó los trabajos realizados desde 2010 mediante la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez y planteó la necesidad de retomar este mecanismo de vinculación entre los tribunales del país.
Durante el encuentro, Ignacio Goicoechea, Representante de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, reconoció la iniciativa del Magistrado Macedo García y la disposición institucional del PJEdomex para concretar la capacitación.
Asimismo, destacó la importancia de relanzar la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez, así como de analizar experiencias como la concentración de competencias desarrollada en el Estado de México, con el propósito de fortalecer la aplicación de los convenios de La Haya en el país.
Goicoechea también resaltó la participación de integrantes de la Red Internacional de Jueces de La Haya y de autoridades centrales de México y Estados Unidos, debido a la relevancia que tiene la cooperación entre ambos países en los casos de sustracción internacional.
Por su parte, el Magistrado Fernando Díaz Juárez, Presidente del Órgano de Administración, señaló que la protección de las infancias constituye un asunto de profunda sensibilidad jurídica y humana. En su mensaje de bienvenida, advirtió sobre el reto que representa la sustracción internacional de niñas, niños y adolescentes para los poderes judiciales.
De acuerdo con los resultados citados del informe anual de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en un periodo de nueve meses se registraron 214 nuevos casos de sustracción, que involucraron a 284 niñas, niños y adolescentes.
Ante este escenario, Díaz Juárez destacó que la capacitación especializada puede contribuir a reducir los tiempos de respuesta y evitar que los procedimientos se prolonguen cuando existen derechos de niñas, niños y adolescentes que requieren protección.
La jornada, realizada en el Aula Magna Gustavo A. Barrera Graf de la Escuela Judicial, cuenta con la participación de representantes judiciales de entidades como Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato e Hidalgo, entre otras.
Más allá de las fronteras y de las diferencias entre legislaciones, el encuentro coloca una idea esencial en el centro de la discusión: cuando se trata de la infancia, la justicia no puede limitarse a determinar qué norma corresponde aplicar; también debe encontrar los caminos de cooperación necesarios para que la protección de sus derechos llegue antes que la demora de los procedimientos.
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