Redacción.
Toluca, Estado de México, 6 de Octubre de 2026. — Cuando la justicia comienza después de una muerte, llega tarde. Bajo esta premisa, la presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, Cristina Ruiz Sandoval, encabezó el “Foro Ley Contra el Feminicidio en México”, espacio en el que defendió la construcción de una legislación que no espere a que ocurra el feminicidio para actuar, sino que coloque la prevención en el centro de la política pública.
Durante el encuentro, la dirigente estatal explicó que los foros que se realizarán en distintas partes del país buscan fortalecer la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, a partir de las experiencias de la ciudadanía, así como de víctimas y familiares, con el propósito de identificar las fallas que persisten en las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.
Ruiz Sandoval cuestionó las propuestas impulsadas por el oficialismo en el Congreso de la Unión y sostuvo que una legislación puede convertirse en un ejercicio meramente declarativo si no cuenta con los recursos necesarios para hacerla realidad.
“Una ley sin presupuesto nos deja igual o peor que antes”, advirtió, al señalar que no basta con reconocer el problema en el papel si las instituciones carecen de herramientas para enfrentarlo.
En este sentido, contrastó ambos proyectos legislativos. Explicó que la propuesta del oficialismo contempla 62 artículos y 12 transitorios, con una orientación principalmente penal y administrativa, mientras que la iniciativa del PRI plantea 130 artículos, 18 transitorios y ocho títulos, con la intención de establecer una política de Estado de carácter integral.
La propuesta priista contempla, entre otros elementos, gasto público trimestral etiquetado y la creación de una Comisión Especial encargada de presentar informes periódicos ante el Congreso de la Unión, con el objetivo de que las acciones institucionales puedan ser evaluadas y sus responsables rindan cuentas.
“No queremos una ley que llegue tarde, queremos una ley que llegue antes. Antes de que las maten, antes de que suceda”, enfatizó la dirigente priista.
Desde esta perspectiva, el planteamiento busca cambiar la lógica con la que tradicionalmente se enfrenta el feminicidio: pasar de reaccionar ante el daño consumado a construir mecanismos capaces de advertir el riesgo antes de que la violencia alcance su expresión más extrema.
Para ello, la iniciativa se articula en cinco ejes: prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar integralmente el daño. Uno de los principales planteamientos es establecer una herramienta nacional de valoración del riesgo feminicida, con la finalidad de que las mujeres y sus familias no tengan que recorrer distintas instituciones en busca de una respuesta cuando ya existen señales de peligro.
Ruiz Sandoval cuestionó que actualmente las responsabilidades puedan diluirse entre distintas autoridades y demandó que cada servidor público tenga atribuciones jurídicas claramente definidas, así como la obligación de presentar resultados trimestrales sobre su actuación.
La dimensión del problema también se refleja en las cifras. De acuerdo con la ENDIREH 2021 del INEGI, siete de cada 10 mujeres de 15 años y más habían experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida.
En el Estado de México, recordó, la problemática llevó a la declaratoria de la primera Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres el 31 de julio de 2015 en 11 municipios: Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl.
A esta medida se sumó, en 2019, una segunda alerta relacionada con la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en siete municipios: Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca y Valle de Chalco Solidaridad.
Ante este escenario, el planteamiento del PRI busca que el combate al feminicidio deje de ser únicamente una respuesta posterior al crimen y se convierta en una responsabilidad permanente del Estado. Porque cuando las instituciones actúan únicamente después de la tragedia, la ley puede castigar al responsable, pero ya no puede devolverle la vida a quien fue asesinada.
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