Redacción.
Toluca, Estado de México, 14 de Octubre de 2026.– El combate a la corrupción no se mide únicamente por las normas que buscan contenerla, sino por la capacidad de las instituciones para rendir cuentas, corregir irregularidades y generar confianza entre la ciudadanía. Bajo esta premisa, congresistas de distintas fuerzas políticas contrastaron avances y pendientes durante la comparecencia de Hilda Salazar Gil, titular de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, como parte del análisis del Tercer Informe de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Mientras legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) destacaron la honestidad, la austeridad, el servicio público y la participación ciudadana como principios de la administración estatal, representantes del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano (MC) y PRD pusieron sobre la mesa cuestionamientos relacionados con la percepción de corrupción, los resultados de las auditorías y las garantías de transparencia y protección de datos personales.
Al encabezar la sesión, Vladimir Hernández Villegas, presidente de la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense, subrayó la responsabilidad de la Contraloría en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas, así como en la vigilancia y fiscalización de los recursos públicos. Su función, más allá de supervisar el ejercicio gubernamental, consiste en procurar que el poder se ejerza con responsabilidad y dentro de los límites de la ley.
En su intervención, el diputado morenista Román Francisco Cortés Lugo reconoció la realización de 3 mil 500 auditorías y el trabajo de los comités ciudadanos de control y vigilancia, mecanismos que permiten a la población involucrarse en el seguimiento de las obras públicas. No obstante, solicitó información sobre los recursos vigilados por estos comités, las medidas preventivas para fortalecer el control interno y las auditorías practicadas a los programas sociales.
Por su parte, Alejandra Figueroa Adame, del PVEM, sostuvo que la integridad pública es indispensable para fortalecer la confianza en las instituciones. En ese sentido, planteó la necesidad de mejorar los controles gubernamentales y preguntó cuántas sanciones se han impuesto por irregularidades relacionadas con la situación patrimonial y los intereses de las personas servidoras públicas, así como qué mecanismos garantizan la imparcialidad en su actuación.
Desde la bancada del PT, Yareli Anai Esparza Acevedo reconoció las acciones impulsadas por el gobierno estatal para fortalecer la honestidad y prevenir la corrupción. También pidió detallar cómo se da seguimiento a las observaciones de auditoría, de qué manera se verifica el cumplimiento de las medidas correctivas y cuáles han sido los resultados de los sistemas de gestión de calidad, antisoborno y prevención de la corrupción.
La legisladora también solicitó información sobre la coordinación entre las dependencias y los órganos que integran el sistema anticorrupción, al considerar que la prevención de estas prácticas requiere tanto controles institucionales como una actuación coordinada entre las autoridades.
En contraste, la diputada priista María Mercedes Colín Guadarrama abordó los desafíos vinculados con la transparencia, la protección de datos personales y el combate a la corrupción, temas que forman parte de las exigencias ciudadanas hacia las instituciones públicas.
La comparecencia dejó en evidencia que, aunque existen mecanismos de fiscalización y participación social, su alcance debe valorarse a partir de resultados verificables. En el ejercicio público, la honestidad constituye un principio necesario, pero su legitimidad también depende de la transparencia con que se administra el dinero público, la atención a las irregularidades y la capacidad de las autoridades para demostrar que sus acciones producen cambios concretos.
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