Redacción.
Toluca, Estado de México, 16 de Octubre de 2026.– El manejo de las finanzas públicas no solo se mide por la capacidad de recaudar, reducir la deuda o mantener el equilibrio presupuestal, sino también por la manera en que esos recursos se traducen en mejores condiciones de vida. Bajo esa premisa, la comparecencia de Óscar Flores Jiménez, secretario de Finanzas del Estado de México, ante el Congreso local abrió un debate entre los avances económicos de la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y las necesidades que aún persisten entre la población.
Durante el análisis del Tercer Informe de Gobierno, legisladores de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) defendieron que el incremento en la recaudación y el manejo responsable del presupuesto han permitido ampliar los recursos para programas sociales y obras públicas, sin aumentar impuestos ni contratar nueva deuda. En contraste, representantes de otras fuerzas políticas cuestionaron si esos resultados financieros se reflejan de manera suficiente en los servicios de salud, la infraestructura vial y la atención de los rezagos regionales.
El diputado Vladimir Hernández Villegas (Morena), presidente de la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense, señaló que el reto consiste en consolidar un gobierno honesto, transparente, responsable y austero, donde el uso de los recursos públicos esté acompañado de una rendición de cuentas clara y de resultados verificables.
Por su parte, la diputada Paola Jiménez Hernández (Morena) destacó que el Estado de México se ubica entre las cinco entidades con mejores condiciones financieras. Indicó que el aumento de la recaudación, sin incrementar impuestos ni contratar deuda, permitió destinar cerca de 13 mil millones de pesos a programas sociales. Añadió que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 1.9 millones de mexiquenses salieron de la pobreza en los últimos dos años.
La legisladora también resaltó que la entidad pasó del lugar 32 al tercero en materia de eficiencia y transparencia, además de registrar un incremento de 131 por ciento en obras e infraestructura. Sin embargo, pidió precisar qué mecanismos sostienen estos resultados, qué trabajos respaldan la inversión en bacheo y rehabilitación de caminos, y cómo se ampliarán las opciones de traslado cotidiano para quienes dependen del transporte público.
Desde el PVEM, la diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa reconoció la reducción de 2 mil 459 millones de pesos en la deuda pública hasta agosto pasado y la eficiencia en la administración presupuestaria. No obstante, preguntó por los resultados concretos de las inversiones en infraestructura, los mecanismos para agilizar los proyectos y la entrega de recursos a los municipios.
También solicitó información sobre el número de obras previstas en el Plan Integral de la Zona Oriente y la participación económica que tendrá el gobierno estatal. Sus cuestionamientos colocaron sobre la mesa una exigencia central: que la planeación financiera pueda evaluarse a partir de las obras realizadas y los beneficios que estas generan en las comunidades.
En una postura distinta, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Oscar González Yáñez, cuestionó cómo se mantendrá la política de bienestar social sin aumentar impuestos ni recurrir a nuevos endeudamientos. Como alternativas, propuso cobrar contribuciones a las empresas concesionarias de carreteras y a las compañías de telefonía.
Asimismo, planteó revisar los contratos de los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), esquemas de colaboración de largo plazo entre el sector público y proveedores privados; buscar condiciones más favorables en la relación financiera con la federación y atender las desigualdades regionales en materia de infraestructura y agua. También propuso reforzar el cobro de la tenencia vehicular y rescatar financieramente al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
Por su parte, el diputado Alejandro Castro Hernández (PRI) puso el acento en las carencias de los servicios de salud y preguntó cómo se garantiza el abasto de medicamentos, el mantenimiento de las instalaciones y el respaldo financiero estatal durante la transición al sistema de salud correspondiente.
Las intervenciones evidenciaron distintas formas de evaluar las finanzas estatales. Mientras algunos legisladores destacaron la disciplina presupuestaria y la ampliación de los programas sociales, otros insistieron en que la estabilidad económica debe acompañarse de respuestas concretas a las necesidades cotidianas.
Al final, el debate planteó una cuestión que va más allá de los balances contables: el valor de las finanzas públicas no reside únicamente en cuánto dinero se recauda o cuánto se reduce la deuda, sino en la capacidad de convertir esos recursos en servicios dignos, infraestructura funcional y mejores oportunidades para la población mexiquense.
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