Redacción.
Toluca, Estado de México, 16 de Octubre de 2026.– La seguridad pública no se mide únicamente en cifras, sino también en la confianza que las personas depositan en el lugar donde viven. Esta diferencia marcó el análisis del tercer año de gobierno de Delfina Gómez Álvarez, durante la comparecencia de Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la Secretaría de Seguridad estatal, ante el Congreso mexiquense.
Mientras las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reconocieron la disminución de diversos indicadores delictivos, integrantes del PRI, PAN y PRD cuestionaron que nueve de cada diez personas adultas en el Estado de México consideren inseguro vivir en la entidad. Movimiento Ciudadano (MC), por su parte, llamó a reforzar la atención en la región sur.
Durante la sesión, el diputado Vladimir Hernández Villegas, presidente de la Directiva de la LXII Legislatura e integrante de morena, atribuyó los avances al despliegue de acciones de la Secretaría de Seguridad. En ese contexto, se expusieron cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que reportan una disminución de 15.5 por ciento en la tasa de incidencia delictiva y de 21.8 por ciento en la de homicidios.
La diputada Graciela Argueta Bello, también de morena, pidió precisar qué factores explican estos resultados, cuáles son los indicadores que respaldan la tendencia y qué medidas permitirán sostenerla. Asimismo, preguntó por las estrategias para atender las causas de la violencia y la delincuencia, así como por la coordinación entre instituciones para prevenirlas desde su origen.
En materia de seguridad auxiliar, solicitó información sobre los avances y obstáculos para resolver problemas administrativos, operativos y normativos de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM). También planteó la necesidad de transparentar su regulación, servicios, tarifas e ingresos, además de mejorar los salarios y las condiciones laborales de sus integrantes y atender las denuncias de acoso laboral.
Por el PT, el diputado Isaac Josué Hernández Méndez destacó la reducción de 21.8 por ciento en las defunciones por homicidio, señalada como la cifra más baja de los últimos 15 años, así como la disminución de 22 por ciento en el promedio diario de delitos de alto impacto durante 2025, respecto de 2024. Añadió que la percepción de seguridad en el transporte público mejoró entre 2023 y 2026 y que el robo total de vehículos bajó 30 por ciento.
El legislador también reconoció el funcionamiento del Mando Único Oriente y preguntó cómo se fortalece la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y qué acompañamiento reciben los ayuntamientos con limitaciones presupuestales y operativas.
Sobre el sistema penitenciario, pidió conocer las medidas para garantizar los derechos humanos, fortalecer la reinserción social, ampliar la capacidad de los centros y mejorar las condiciones de internamiento. También planteó la prevención de motines, riñas, fugas e ingreso de objetos prohibidos, además de la atención de las necesidades de las mujeres privadas de la libertad, particularmente embarazadas y aquellas que viven con sus hijas o hijos en estos espacios.
En representación del PVEM, la diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa reconoció la reducción de 15.5 por ciento en la incidencia delictiva, aunque advirtió que persisten desafíos como el robo de hidrocarburos. Al señalar que el informe reporta la clausura de 12 tomas clandestinas, preguntó cómo se emplean los sistemas de videovigilancia y otras herramientas tecnológicas para detectar y combatir la extracción ilegal de combustibles.
El debate legislativo dejó sobre la mesa una cuestión central: aunque la disminución de los delitos constituye un avance relevante, el reto de las autoridades consiste en traducir esos resultados en condiciones de seguridad que la población pueda reconocer en su vida cotidiana. La evaluación del gobierno estatal, por tanto, no se limita a los indicadores oficiales; también pasa por la capacidad institucional para prevenir la violencia, garantizar derechos y recuperar la confianza ciudadana.
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