Redacción.
Toluca, Estado de México a 21 de Octubre de 2026. — La pérdida de una hija o un hijo implica una ausencia que ninguna institución puede reparar; sin embargo, el Estado puede evitar que el dolor de una familia se convierta también en una lucha contra la burocracia. Bajo esta premisa, el diputado de morena, Valentín Martínez Castillo, presentó una iniciativa para facilitar que madres y padres accedan a una pensión por el fallecimiento de sus hijas o hijos, cuando estos se desempeñaban como servidores públicos.
La propuesta plantea reformar la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, así como la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, con el propósito de eliminar la obligación de demostrar una dependencia económica continua durante los cinco años anteriores al fallecimiento de la persona trabajadora.
El legislador por el Distrito XXVIII de Amecameca señaló, mediante los argumentos de su iniciativa, que este requisito puede convertirse en una barrera para las familias, pues el respaldo económico entre padres e hijos no siempre queda registrado en documentos. En muchos hogares, la ayuda se expresa en el pago de medicamentos, alimentos, servicios básicos y otros gastos cotidianos, sin que existan comprobantes formales de cada aportación.
Desde esta perspectiva, la iniciativa cuestiona que la falta de documentos pueda tener más peso que las condiciones reales de una familia. El objetivo es que los procedimientos administrativos no terminen por negar una prestación a quienes podrían tener derecho a ella.
Para lograrlo, Martínez Castillo propone modificar la fracción IV del artículo 108 de la Ley de Seguridad Social y la fracción IV del artículo 136 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Con estos cambios, madres y padres podrían acceder a la pensión correspondiente, en ausencia de beneficiarios con derecho preferente, sin tener que acreditar cinco años de dependencia económica.
La propuesta pone especial atención en las personas adultas mayores, quienes pueden enfrentar mayores dificultades para sostenerse económicamente tras la muerte de un hijo. En estos casos, la pensión puede representar un respaldo importante para cubrir necesidades esenciales y conservar condiciones de vida dignas.
El planteamiento también se sustenta en principios de igualdad, no discriminación, dignidad humana y progresividad de los derechos sociales. Bajo esta visión, la seguridad social no debe entenderse únicamente como una prestación derivada del empleo, sino como un mecanismo de protección frente a circunstancias que comprometen la estabilidad económica de las personas.
En su exposición de motivos, el diputado sostiene que la reforma permitiría reducir cargas probatorias excesivas, simplificar los procedimientos y brindar mayor certeza jurídica a las familias mexiquenses.
Así, la iniciativa busca modificar la relación entre las instituciones y quienes solicitan una prestación: pasar de un esquema que exige demostrar documentalmente cada aspecto de la dependencia económica a uno que evite requisitos considerados excesivos para ejercer un derecho.
La propuesta deberá seguir el proceso legislativo correspondiente. De aprobarse, representaría un cambio en los requisitos para acceder a esta pensión, con la intención de que la protección social responda a las circunstancias de las familias y que la burocracia no se convierta en un obstáculo adicional frente a la pérdida de un ser querido.
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