Redacción.
Ecatepec, Estado de México.— La defensa de los derechos humanos comienza cuando la dignidad deja de ser una aspiración y se convierte en una responsabilidad compartida. Bajo esta premisa, la diputada de Morena, Zaira Cedillo Silva, presentó su Segundo Informe de Actividades Legislativas y Territorio, en el que destacó las acciones impulsadas desde el Congreso del Estado de México para fortalecer la protección de las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes.
Durante el informe, correspondiente al periodo del 5 de septiembre de 2025 al 4 de septiembre de 2026, la legisladora resaltó la aprobación de iniciativas que contribuyeron a tipificar la violencia vicaria y a establecer penas de hasta 36 años de prisión por agresiones con sustancias ácidas o químicas. Ambos avances, señaló, representan pasos importantes para reconocer la gravedad de estas violencias y reforzar los mecanismos de justicia para las víctimas.
En materia de violencia vicaria, explicó que las sanciones pueden alcanzar hasta ocho años de prisión, además de contemplar multas, la pérdida de la patria potestad y tratamientos psicológicos o reeducativos para los responsables. Esta forma de violencia ocurre cuando un hombre utiliza a hijas, hijos u otras personas o seres sintientes cercanos a una mujer con el propósito de causarle daño físico o emocional.
Respecto a las agresiones ácidas o químicas, destacó que las reformas también contemplan la reparación integral del daño, mediante cirugías reconstructivas, rehabilitación física y psicológica, prótesis y tratamientos médicos especializados. La justicia, desde esta perspectiva, no debe limitarse a castigar al responsable, sino también procurar que las víctimas recuperen, en la medida de lo posible, su bienestar y sus condiciones de vida.
Acompañada por el diputado Vladimir Hernández Villegas, presidente de la Directiva del Congreso mexiquense, Cedillo Silva expuso otras propuestas orientadas a combatir la discriminación laboral por embarazo o género, así como las limitaciones al acceso a servicios de salud relacionados con la maternidad y la crianza. Estas iniciativas plantean sanciones de hasta tres años de prisión, trabajo comunitario y multas de hasta 200 días.
También recordó su propuesta para que las instituciones públicas eliminen las diferencias salariales entre mujeres y hombres, mediante acciones que garanticen una remuneración equitativa y reduzcan la segregación por sexo o género en el mercado laboral. El objetivo, sostuvo, es avanzar hacia una igualdad que no permanezca únicamente en las leyes, sino que se refleje en las oportunidades reales de las personas.
En cuanto a la protección de las infancias, informó que presentó una iniciativa para sancionar la cohabitación forzada de menores de edad, con penas propuestas de hasta 22 años y seis meses de prisión. La medida busca atender las uniones impuestas mediante coerción u otras formas de presión, especialmente cuando las personas afectadas no cuentan con la capacidad de comprender o resistir los hechos.
A ello se suma su propuesta para reconocer el derecho de niñas, niños y adolescentes al cuidado integral con enfoque digital. Esta plantea garantizar entornos seguros y libres de violencia, abandono o negligencia, además de impulsar programas de prevención del ciberacoso, educación para el uso responsable de las tecnologías, mecanismos de denuncia y acompañamiento para madres, padres y tutores.
La legisladora también destacó la aprobación de la Ley de Salud del Estado de México, que contempla servicios para la interrupción legal del embarazo, luego de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en noviembre de 2024. Asimismo, respaldó las iniciativas de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, entre ellas la expedición de la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal y las reformas que endurecieron las sanciones por maltrato animal, con penas que pueden alcanzar los 15 años de prisión.
Del trabajo legislativo a las necesidades del territorio
Más allá de las reformas legales, Cedillo Silva señaló que su labor también se ha enfocado en atender las necesidades cotidianas de las comunidades de Ecatepec. Entre las acciones reportadas mencionó obras hidráulicas y de infraestructura escolar, recuperación de espacios públicos, entrega de uniformes deportivos y jornadas de servicios gratuitos para las familias.
Estas actividades incluyeron la toma de fotografías, impresión de documentos, cortes de cabello, certificados médicos, distribución de mochilas y materiales educativos, así como entrega de juguetes, orientación jurídica, atención médica y apoyos sociales. También se realizaron campañas de esterilización y vacunación antirrábica para animales domésticos.
En el ámbito de la infraestructura regional, destacó la rehabilitación de 24 pozos de agua y siete cárcamos de bombeo, además de la instalación de luminarias en senderos seguros. Estas intervenciones buscan mejorar los servicios públicos, reducir los riesgos de inundación y recuperar espacios para que las mujeres, las niñas y los adolescentes puedan transitar con mayor tranquilidad.
Asimismo, reconoció la importancia del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, estrategia que busca mejorar las condiciones de vida de las familias de Ecatepec y de otros municipios de la región mediante acciones de desarrollo urbano y social.
Ante el subsecretario general de Gobierno estatal, Alejandro Viedma Velázquez, así como integrantes de los congresos local y federal, la diputada sostuvo que el oriente mexiquense merece justicia y oportunidades para su desarrollo.
Por su parte, Vladimir Hernández Villegas destacó que el informe combina la actividad legislativa con el trabajo territorial, pues consideró que conocer las condiciones reales de la población permite traducir sus necesidades en leyes, cambios institucionales y mejores prácticas de gobierno.
Finalmente, señaló que la LXII Legislatura mantendrá la colaboración con el Gobierno del Estado de México para impulsar acciones orientadas al bienestar colectivo.
El informe de Zaira Cedillo puso sobre la mesa una idea fundamental: las leyes adquieren sentido cuando responden a las experiencias concretas de las personas. Proteger a quienes enfrentan violencia, reducir las desigualdades y garantizar condiciones dignas para las infancias exige que el trabajo público no se agote en las palabras, sino que encuentre continuidad en la justicia, los servicios y las oportunidades para la población.
Deja una respuesta