Advierte IEEM que la violencia digital aleja a las mujeres de la política

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Redacción.

Toluca, Estado de México, 5 de Noviembre de 2026.– La violencia contra las mujeres no siempre necesita ocupar un espacio físico para limitar sus derechos; también puede instalarse en las pantallas, propagarse mediante publicaciones y discursos de odio y convertirse en una barrera que las aleja de la vida pública. Así lo advirtió Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), al señalar que las agresiones digitales y mediáticas generan autocensura y pueden llevar a las mujeres a abandonar la política o desistir de competir por un cargo de elección popular.

Durante la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México (OPPMEM), Pulido Gómez explicó que estas expresiones de violencia se manifiestan mediante la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, discursos de odio, estereotipos sexistas, calumnias y exposición de información privada con el propósito de desacreditar a quienes participan en los asuntos públicos.

Ante este escenario, destacó que el IEEM cuenta con atribuciones para atender la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), a través de procedimientos sancionadores en los que recibe e investiga quejas, integra expedientes y puede dictar medidas cautelares y de protección, mientras que corresponde al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) determinar la existencia de infracciones y establecer las sanciones.

Detalló que las mujeres que enfrentan estas agresiones pueden acudir a la Unidad Coordinadora de Género, al Centro de Atención por Violencia Política contra las Mujeres y a las redes de candidatas y mujeres electas, instancias que ofrecen orientación jurídica, contención psicológica de primer contacto y canalización institucional, con el propósito de evitar la revictimización.

También recomendó conservar las evidencias digitales, guardar los enlaces de las publicaciones y presentar las quejas ante el Instituto, pues reportar una agresión en las plataformas digitales no sustituye una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

La consejera presidenta llamó a fortalecer la coordinación institucional, ampliar la difusión de las herramientas de atención y fomentar la denuncia de cara al Proceso Electoral para la Elección de Diputaciones y Ayuntamientos 2026-2027. Enfatizó que la violencia no puede entenderse como el precio que las mujeres deben pagar por ejercer sus derechos políticos, sino como una conducta que las instituciones tienen la obligación de prevenir y atender.

Por su parte, Susana Munguía Fernández, titular de la Unidad Coordinadora de Género del IEEM, presentó la Ruta de Acción para la Realización del Análisis de Riesgo en Casos de VPMRG, un procedimiento que contempla entrevistas para identificar otras posibles agresiones, comprender el contexto de cada caso y determinar si es necesario establecer medidas de protección adicionales.

Explicó que esta ruta incluye la elaboración de planes de seguridad personalizados, con acciones como identificar redes de apoyo, resguardar documentos, establecer teléfonos de emergencia, definir señales de alerta y mantener un seguimiento continuo. Asimismo, destacó la importancia del autocuidado digital mediante el uso de contraseñas seguras, la revisión de fotografías y etiquetas en redes sociales y la recomendación de evitar responder directamente a las personas agresoras.

En su intervención, Arlen Siu Jaime Merlos, magistrada presidenta del TEEM y presidenta del OPPMEM, coincidió en que la violencia política contra las mujeres representa una de las principales barreras para su incorporación a los espacios de decisión. Advirtió que las agresiones en entornos digitales constituyen un desafío para la democracia, pues restringen la libertad de participación y debilitan las condiciones de igualdad.

Al retomar datos del informe anual de ONU Mujeres, señaló que la igualdad de género todavía está lejos de alcanzarse y subrayó la necesidad de conocer y fortalecer los mecanismos institucionales de atención.

El encuentro puso sobre la mesa una problemática que trasciende el ámbito tecnológico: mientras la violencia siga condicionando quién puede expresarse, competir y ocupar espacios de poder, la participación política no podrá considerarse plenamente libre ni igualitaria.


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