Redacción.
Toluca, Estado de México a 14 de Noviembre de 2026.— El acceso a la justicia no debería depender de la capacidad económica de una persona, pues conocer y ejercer los propios derechos es una condición fundamental para construir una sociedad más equitativa. Bajo esta premisa, Agustín Flores Jaimes, presidente de la Barra de Abogados del Estado de México, ha impulsado una visión de mayor compromiso social entre los profesionales del derecho, con el propósito de acercar sus servicios a las familias mexiquenses, particularmente a aquellas que enfrentan dificultades económicas.
La intención es que el conocimiento jurídico trascienda los despachos y llegue a las comunidades, donde muchas personas, por falta de recursos o desconocimiento, no encuentran orientación para enfrentar un problema legal. Se trata de que la abogacía no sea únicamente una actividad profesional, sino también una herramienta de acompañamiento y defensa para quienes necesitan hacer valer sus derechos.
Desde esta perspectiva, Flores Jaimes ha promovido una Barra de Abogados con mayor presencia social, capaz de generar espacios de orientación, diálogo y actualización que contribuyan a reducir la distancia entre las instituciones jurídicas y la ciudadanía.
Como parte de esta labor, la organización realizó el Encuentro Nacional por la Justicia, donde participó Erika Icela Castillo Vega, magistrada de la Primera Sala Colegiada Familiar Toluca y de la Sala de Asuntos Indígenas, quien abordó los desafíos que enfrenta la impartición de justicia, particularmente en los ámbitos familiar, civil e indígena.
Justicia indígena y ordinaria: Dos sistemas que deben dialogar
Durante su intervención, la magistrada destacó que impartir justicia también implica comprender la diversidad cultural y las distintas formas en que las comunidades interpretan sus conflictos y establecen mecanismos para resolverlos.
Explicó que los pueblos originarios cuentan con costumbres, tradiciones y sistemas normativos propios que deben ser considerados por las autoridades, pues forman parte de su identidad y organización social.
En ese sentido, señaló que el reto no consiste en enfrentar la justicia indígena con la ordinaria, sino en encontrar puntos de coincidencia mediante el estudio y conocimiento de ambas, de manera que puedan coexistir sin vulnerar los derechos de las personas.
La magistrada subrayó que reconocer la autonomía de las comunidades indígenas requiere comprender sus particularidades, evitando que la aplicación de las disposiciones jurídicas ignore los contextos culturales en los que se desarrollan los conflictos.
Explica diferencias entre materia familiar y civil
En otro momento, Castillo Vega explicó las diferencias entre los asuntos que corresponden a la materia familiar y aquellos que competen a la civil, con el propósito de ofrecer a los asistentes mayores elementos para identificar las vías legales adecuadas ante distintas controversias.
Detalló que la materia familiar contempla procedimientos relacionados con el fallecimiento de una persona y la transmisión de sus bienes a los herederos, así como las controversias que pueden surgir entre los integrantes de una familia durante un proceso sucesorio.
Por su parte, la materia civil atiende conflictos derivados de las relaciones jurídicas entre particulares, incluidos aquellos relacionados con el incumplimiento de obligaciones.
Con este tipo de encuentros, la Barra de Abogados del Estado de México busca fortalecer el conocimiento jurídico y promover una práctica profesional más cercana a las necesidades sociales, bajo la idea de que la justicia adquiere verdadero sentido cuando puede ser comprendida, ejercida y alcanzada por todas las personas.
Deja una respuesta