Toluca, Estado de México a 13 de Abril 2026. – En las ciudades modernas, donde el tiempo y el espacio se disputan cada metro cuadrado, estacionarse se ha convertido en algo más que una necesidad práctica: es un reflejo de cómo convivimos. Bajo esta premisa, la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito de la LXII Legislatura mexiquense dio un paso hacia una idea sencilla pero profunda: que el acceso al estacionamiento no sea un obstáculo, sino una extensión natural del consumo.
Congresistas de morena, PVEM y PRI coincidieron en respaldar la iniciativa que plantea otorgar dos horas de estacionamiento gratuito a quienes acrediten una compra en establecimientos o complejos comerciales. No se trata únicamente de una concesión económica, sino de restituir cierto equilibrio entre quien consume y quien ofrece el servicio.
El diputado Isaías Peláez Soria (PVEM) lo explicó desde la lógica urbana: cuando estacionarse es excesivamente caro, la ciudad se desborda. Las calles se saturan, los espacios se invaden y la movilidad se distorsiona. En ese sentido, el estacionamiento deja de ser una solución para convertirse en parte del problema.
La propuesta, impulsada por la bancada del PVEM, recoge también un sentimiento cotidiano: la inconformidad de pagar dos veces por una misma experiencia, primero al consumir y luego al intentar resguardar el vehículo. La iniciativa busca, en esencia, reconciliar esa relación.
Desde otra perspectiva, la diputada Nelly Brigida Rivera Sánchez (morena) planteó que el fondo del asunto es un equilibrio de derechos. Ni el comercio puede absorberlo todo, ni el ciudadano cargar con todo. En una entidad con casi 900 mil unidades económicas, según el INEGI, la medida apunta a establecer reglas más justas en un entorno amplio y diverso.
Sin embargo, el legislador Mariano Camacho San Martín (PRI) advirtió que toda transformación requiere diálogo. La propuesta deberá nutrirse con la voz del sector empresarial, de los municipios y de otras comisiones legislativas, pues su aplicación incidirá directamente en la dinámica económica y urbana.
La iniciativa contempla que distintos giros —desde centros comerciales y supermercados hasta hospitales, escuelas y restaurantes— otorguen este beneficio, siempre bajo la condición de consumo comprobable. Al mismo tiempo, deja en manos de los ayuntamientos la definición de criterios como el monto mínimo de compra, las tarifas de referencia y los mecanismos de verificación.
En el fondo, la discusión no es sólo sobre cajones de estacionamiento, sino sobre el tipo de ciudad que se quiere construir: una donde el orden no se imponga a costa de la gente, sino que surja del entendimiento entre intereses. Porque, al final, la movilidad no debería ser un lujo, sino una condición básica para habitar con dignidad el espacio común.



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