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Toluca, Estado de México, 21 de abril de 2026.- En tiempos donde la palabra puede incomodar al poder y la verdad suele caminar en terrenos frágiles, el Congreso del Estado de México ha decidido apostar por la prevención como una forma de justicia anticipada.

Las comisiones unidas aprobaron la creación de un directorio voluntario de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, concebido no como un control, sino como un puente de auxilio en momentos de emergencia.

Este registro, que incluirá contactos de confianza, medios de comunicación, colectivos y organizaciones, será administrado por el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección Integral. Su naturaleza voluntaria subraya un principio esencial: la libertad no puede estar condicionada.

No se trata de imponer pertenencias, sino de ofrecer herramientas para resguardar la integridad de quienes ejercen la palabra y defienden causas. La reforma plantea que la protección no debe ser reactiva, sino preventiva; no debe esperar al daño, sino evitarlo.

Por ello, el Estado asume la responsabilidad de generar condiciones jurídicas, institucionales y materiales que permitan un ejercicio periodístico libre, independiente y seguro. En el fondo, proteger a periodistas no es solo cuidar a individuos, sino preservar el derecho colectivo a saber.

Asimismo, se establece que los datos recabados serán tratados bajo estrictos lineamientos de protección de datos personales, reconociendo que la seguridad también comienza por la confidencialidad. A la par, autoridades estatales y municipales deberán mantener actualizados protocolos de actuación que orienten la interacción de las fuerzas de seguridad con este sector.

La reforma también abre la mirada hacia la diversidad, integrando a quienes pertenecen a comunidades indígenas, afro mexicanas, de la diversidad sexual o en situación de vulnerabilidad, entendiendo que la defensa de los derechos humanos no es homogénea, sino plural. Desde la tribuna, distintas voces coincidieron en que este paso fortalece el ejercicio periodístico y reafirma el compromiso del Estado con la libertad de expresión.

Más que una modificación legal, se trata de un cambio de perspectiva: dejar de ver la protección como reacción tardía y asumirla como una responsabilidad permanente.

Así, en un entorno donde informar puede implicar riesgos, el Estado busca recordar que la palabra no debe ser castigada, sino resguardada; porque cuando se protege a quien informa, en realidad se está defendiendo el derecho de toda la sociedad a comprender su propia realidad.