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Toluca, Estado de México, 17 de junio de 2026.- A una década de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el Poder Judicial del Estado de México abrió un espacio de reflexión sobre el camino recorrido por el sistema de justicia penal y los retos que aún persisten para alcanzar una justicia más cercana a las personas.

Durante las Jornadas Académicas para el Balance del Código Nacional de Procedimientos Penales, especialistas, magistrados, representantes de la Fiscalía y de la Defensoría Pública coincidieron en que la justicia no puede entenderse únicamente como la aplicación de normas, sino como la búsqueda permanente de equilibrio entre los derechos de las víctimas, las garantías de las personas imputadas y la responsabilidad de las instituciones.

Entre los avances más relevantes se destacaron la consolidación de la legalidad en las detenciones, el fortalecimiento del debido proceso, la regulación de las medidas cautelares y una mayor especialización de quienes participan en la impartición de justicia. Sin embargo, se reconoció que aún existen desafíos importantes, como garantizar plenamente la presunción de inocencia y evitar que la prisión preventiva deje de ser una medida excepcional.

Las voces participantes señalaron que uno de los mayores pendientes es lograr que las víctimas ocupen un papel más activo y efectivo dentro de los procesos penales, pues la reparación del daño sigue siendo una de las aspiraciones más complejas del sistema.

También se destacó que la capacitación constante de jueces, fiscales, defensores y asesores jurídicos es indispensable para responder a una realidad cada vez más compleja. La correcta integración de las investigaciones, la construcción de argumentos sólidos y el uso de herramientas especializadas fueron identificados como elementos esenciales para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Asimismo, representantes de la Fiscalía y de la Defensoría Pública advirtieron que la alta carga de trabajo y las limitaciones presupuestales continúan siendo obstáculos que ponen a prueba la capacidad del sistema para ofrecer respuestas oportunas y eficaces.

Más que un balance técnico, el encuentro planteó una reflexión de fondo: la justicia es una construcción permanente que exige preparación, recursos y voluntad institucional para acercarse cada vez más a su propósito esencial, que es proteger la dignidad y los derechos de las personas.